Daniela García-Viana, Valentina Ortiz Martínez y Marianella Pelosi
El régimen talibán lleva casi cinco años en el poder y con cada decreto o modificación en los códigos el terror aumenta. La sumisión absoluta ha sido el resultado el pasado 2 de marzo tras el establecimiento de una aterradora estructura en el Código de Procedimiento Penal para los Tribunales.
En un país donde la ayuda humanitaria intenta sostener alrededor de 21 millones de personas la institucionalización de la discriminación por género implica castigos corporales, impone jerarquías religosas y amplía considerablemente la penalización de la disidencia. La cuestión preocupante es si existirá en un futuro un posible retorno y freno a la consolidación del poder talibán o si la centralización del terror en Afganistán persistirá sin limitaciones.
Viajando 30 años atrás, a aquel 1996 cuando los talibanes tomaron Kabul y expulsaron al gobierno del muyahidín Ahmad Shah Massoud, es posible realizar un espejismo con la actualidad que se vive en Afganistán. La sharía, código de conducta y derecho basado en los principios del islam, se encontraba en su máxima expresión con las represiones más feroces aplicadas en todas partes. Una época donde las mujeres solo se animaban a salir de sus hogares si poseían un permiso por escrito de sus hombres y con el uso obligatorio del burka.
Ejercer el periodismo era un infierno ya que por motivos religiosos estaba terminantemente prohibido capturar imágenes de cualquier persona, quienes podían huían de la ciudad y las noches eran vagamente iluminadas ya que los talibanes no podían pagar las importaciones de petróleo, según escribe John Simpson, editor de Asuntos Internacionales para la BBC, en su testimonio de cuando visitó Afganistán.
El detonante en 2001 fueron los atentados del 11-S lo que llevó a Estados Unidos a realizar la Operación Libertad Duradera con el fin último de destruir a Al Qaeda y acabar con el régimen talibán tras 5 años en el poder. De la mano de la OTAN para garantizar la seguridad, en el período entre el 2002 y el 2004, se llevaron a cabo asambleas tradicionales para formular una nueva Constitución y se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias para establecer una nueva ruta de acción en el país del sur de Asia. Sin embargo, era tal la dependencia del apoyo militar y sustento económico extranjero sumado a la corrupción estructural y el resurgimiento de los talibanes en 2006 que toda señal de progreso era rápidamente frustrada.
Es en 2006 que los talibanes lanzan ataques periódicos y organizados provocando que Estados Unidos desplace una mayor cantidad de tropas entre 2009 y 2010 para frenar este avance. En suma, 2014 es el año en que la OTAN toma la determinación de reducir su intervención a un rol de apoyo que deja a la seguridad de la sociedad civil afgana muy a merced de sus propias capacidades.
La solución parecía asomar en 2020 cuando Estados Unidos firmó un acuerdo con el grupo talibán para retirar sus tropas pero esto no provocó otra cosa más que una imponente ofensiva por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021 para tomar Kabul definitivamente. Desde entonces los talibanes han gobernado en Afganistán imponiendo periódicamente nuevas medidas que esparcen miedo y sumisión absoluta de la población, siendo esta actualización en el código de procedimiento penal una nueva medida que deja a la sociedad afgana en una posición crítica.
Integrantes de los talibanes en Lagmán, Afganistán. Fotografía: Jim Huylebroek para The New York Times.
Este nuevo código y las regulaciones impuestas por el régimen talibán en Afganistán, consolidadas a principios de 2026, han normalizado la violencia contra las mujeres y niñas, eliminando sus derechos básicos y restringiendo severamente su presencia en la vida pública. Este conjunto de normas, a menudo descrito como “apartheid de género”, legaliza la violencia doméstica y reduce la protección legal femenina.
Los nuevos artículos implementados son la consecuencia de una realidad de violencia de género normalizada al extremo. El artículo 32 del nuevo código permite golpear a las mujeres y niñas siempre que no queden moretones, fracturas o cortes visibles, siendo este artículo la violencia doméstica legalizada. También incluye penas menores por agresión, un hombre que golpee a su esposa solo enfrenta una sentencia máxima de 15 días de prisión, y esto únicamente si la agresión deja lesiones comprobables. También incluye restricción de movimiento como en el artículo 34 que permite encarcelar a una mujer hasta 3 meses por permanecer en la casa de su familia sin permiso del marido o sin un motivo justificado por la interpretación talibán de la sharia.
Además de esto, las mujeres están obligadas a usar el burka en el espacio público, exponiéndose a castigos físicos si no cumplen y se mantiene también la prohibición de que trabajen, viajen o se desplacen solas sin un acompañante masculino (mahram). En suma, se elimina su acceso a la educación secundaria superior, se cierran los salones de belleza y otros espacios sociales para las mujeres.
Los informes del 2026 indican que las nuevas normas otorgan la mayor impunidad para los agresores. Se han registrado cientos de casos de violencia de género donde las víctimas han sido asesinadas sin que los perpetradores enfrenten justicia severa. Expertos internacionales y la ONU han denunciado que este código vulnera los Derechos Humanos inalienables y sitúa la protección de la mujer por debajo de la de los animales en casos específicos.
El reciente código penal aprobado por las autoridades del régimen en Afganistán constituye un ejemplo paradigmático de macrocriminalidad de género institucionalizada, en la medida en lo que no solo tolera, sino que normaliza la violencia contra las mujeres y las niñas como elemento estructural del orden jurídico interno. Entender la violencia de género grave, en especial el feminicidio, la violencia sexual sistemática, la violencia dómestica letal y las formas de ciberviolencia de riesgo extremo como manifestación de violencia de género, es de extrema importancia para poder ayudar y apoyar a las mujeres que son víctimas de ese sistema.
Mujeres afganas con el burka. Fotografía: Europa Press.
En un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por colectivos de apoyo a la población afgana en el exilio, varias mujeres afganas ofrecieron testimonios directos sobre la situación que viven bajo el actual régimen talibán. El encuentro, que reunió activistas, estudiantes y refugiadas, sirvió como altavoz para visibilizar las consecuencias de las políticas impuestas, especialmente sobre la población femenina.
Entre las participantes se encontraba Zahra Ahmadi, una joven estudiante afgana actualmente refugiada en Europa, quien relató cómo su vida se vio interrumpida tras la prohibición del acceso de las mujeres a la educación superior. “Nos han quitado el derecho a estudiar, a trabajar y a decidir sobre nuestras propias vidas”, afirmó durante su intervención. Como ella, otras mujeres compartieron experiencias similares marcadas por la incertidumbre y la pérdida de autonomía.
También intervino Fariba Nouri, activista por los derechos de las mujeres, quien explicó que las restricciones no solo afectan al ámbito educativo o laboral, sino que han transformado profundamente la vida cotidiana. “No podemos salir solas, no podemos participar en la sociedad. Es como si hubiéramos desaparecido”, señaló. Sus palabras reflejan una realidad que, según diversas organizaciones internacionales, se extiende a gran parte del país.
Los testimonios recogidos en este tipo de encuentros, muchos de ellos difundidos posteriormente a través de plataformas digitales, se han convertido en una de las principales vías para conocer la situación sobre el terreno, ante las limitaciones informativas dentro de Afganistán. A través de estas voces, se evidencia un retroceso estructural en los derechos de las mujeres, así como un creciente impacto psicológico y social derivado del aislamiento y la exclusión.
Las participantes coincidieron en la necesidad de mantener la atención internacional sobre Afganistán y evitar que esta realidad quede relegada en la agenda mediática. “Si el mundo deja de mirar, será como si nunca hubiéramos existido”, concluyó una de las asistentes, sintetizando el sentimiento compartido de muchas mujeres afganas en la actualidad.
Entre los testimonios recogidos, destaca la historia de una joven afgana de 17 años cuya vida cambió por completo tras la prohibición de acceso a la educación. Durante más de mil días, vio cómo se le negaba la posibilidad de continuar sus estudios, mientras sus expectativas de futuro se desvanecían progresivamente. Sin alternativas y en un contexto cada vez más restrictivo, su familia decidió obligarla a casarse, convirtiendo en definitivo el final de una etapa que ella aún no estaba preparada para abandonar. “Yo solo quería seguir estudiando”, lamenta, reflejando la frustración de una generación a la que se le ha arrebatado no solo el derecho a la educación, sino también la capacidad de decidir sobre su propio destino. Su caso no es aislado, sino representativo de una realidad en la que muchas adolescentes se ven empujadas a contraer matrimonios forzados ante la ausencia de oportunidades y la creciente presión social.
La situación actual en Afganistán muestra un claro retroceso en los derechos de las mujeres, que han pasado a estar completamente limitadas por un sistema basado en el control y la desigualdad. El tema cuenta con un contexto histórico acumulado en 30 años donde los talibanes han impuesto códigos y sanciones mientras son acompañados por la comunidad internacional que intenta generar conciencia y buscó poner un freno definitivo a los avances del absolutismo en el país del sur de Asia.
Las medidas impuestas por el régimen talibán no solo afectan a nivel legal, sino que tienen consecuencias reales en la vida diaria, impidiendo a muchas mujeres estudiar, trabajar o tomar decisiones sobre su propio futuro. Además, los testimonios recogidos reflejan el impacto directo de estas políticas, especialmente en las generaciones más jóvenes. Casos como el de la adolescente obligada a casarse evidencian cómo la falta de educación y oportunidades termina condicionando por completo sus vidas.