El pasado miércoles 1 de febrero, el Senado ha aprobado una enmienda sobre la ley del aborto para evitar que las mujeres se vean incentivadas a replantearse su decisión con prácticas no científicas.
Tras la reciente polémica provocada por las medidas “pro-vida” que quería imponer el gobierno de Castilla y León, y la consiguiente respuesta por parte del gobierno mediante un requerimiento, que hizo que el presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco se echara para atrás, finalmente la Comisión de Igualdad del Senado ha dado luz verde a una enmienda para defender el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública. Esta reforma llegará al pleno del Senado la próxima senada para posteriormente pasar al Congreso para determinar su aprobación.
De las 186 enmiendas presentadas en el Senado, la referida al aborto busca evitar que se pueda coaccionar a las mujeres a la hora de tomar su decisión, con prácticas como el ofrecimiento de una ecografía en 4D o la escucha del latido fetal. Estas son también algunas de las medidas “pro-voda” que había propuesto el gobierno de Castilla y León. Además de esto, el texto incluye que cualquier hospital de la sanidad pública esté a disposición de las mujeres para realizar el aborto en caso de ser solictado, y elimina los tres días de reflexión sobre la decisión. Esta nueva ley garantiza también bajas por menstruaciones dolorosas y por preparto desde la semana 39, y la posibilidad de elección sobre el aborto sin permiso paterno de las chicas de 16 y 17 años.
El texto incorporado cita textualmente que «las administraciones públicas velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente»
El objetivo de esta reforma es principalmente evitar que en otras comunidades se intenten implantar protocolos como los que se trataron de aplicar en Castilla y León hace tan solo unas semanas, que, según a afirmado la senadora Donelia Roldán, permiten «institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo en las puertas de las clínicas y que hoy es un delito». Esta enmienda incorporada ya había sido anunciada por el Gobierno presente, pero no ha sido hasta este pasado miércoles cuando ha sido finalmente votada y aprobada en la Cámara baja, pese al rechazo del PP, quien ha catalogado esta reforma como “innecesaria e inoportuna”.
Además de ello, otro de los temas que ha tenido una gran cabida en la reunión de la Comisión de Igualdad ha sido la reforma de la llamada ley Trans, la cual ha dado un paso más para ser finalmente aprobada. La decisión final sobre estos temas podría tomarse la próxima semana, con un debate y votación en el Congreso, y podría ser formalizada a finales de este mes de febrero.
