Adrián Jiménez, Juan Riber, Pedro Pereira y Javier Arias
Roma vuelve a situarse en el centro del debate migratorio europeo. El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley que permitirá a las autoridades italianas impedir el acceso a sus aguas territoriales a determinadas embarcaciones en casos de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, así como ante lo que define como “presión migratoria excepcional”.
La iniciativa, presentada esta semana, forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsado por el Ejecutivo desde la llegada al poder de la coalición liderada por Hermanos de Italia. Según el texto aprobado, el Gobierno podrá decretar la prohibición temporal de entrada en aguas italianas durante un periodo inicial de 30 días, prorrogable hasta seis meses si persisten las circunstancias que motivaron la medida.
El proyecto también contempla sanciones económicas significativas. Las embarcaciones que incumplan las restricciones podrán enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros y, en casos de reincidencia, a la posible confiscación del barco. Aunque la norma deberá seguir su tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva, el anuncio ya ha generado reacciones dentro y fuera del país.
Meloni defendió la medida como una herramienta necesaria para reforzar la seguridad nacional y responder a situaciones excepcionales. El Gobierno italiano sostiene que el país soporta una presión migratoria considerable debido a su posición geográfica en el Mediterráneo central, una de las principales rutas de entrada hacia Europa desde el norte de África.
En los últimos años, Italia ha sido uno de los principales puntos de llegada de personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el mar en embarcaciones precarias. Esta realidad ha marcado la agenda política interna y ha sido uno de los pilares del discurso electoral de la actual mayoría.
El Ejecutivo argumenta que el nuevo marco legal se alinea con la evolución del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado a nivel comunitario y cuya aplicación progresiva está prevista para los próximos meses. Desde Roma insisten en que las medidas buscan reforzar la capacidad de los Estados miembros para gestionar flujos migratorios extraordinarios sin vulnerar el derecho internacional.
El endurecimiento de los controles marítimos se produce en paralelo a la estrategia de cooperación con terceros países. Italia firmó en 2023 un acuerdo con Albania para habilitar centros vinculados a la gestión de migrantes fuera de territorio italiano. El llamado “modelo Albania” ha sido objeto de debate jurídico y político, con decisiones judiciales que han obligado al Gobierno a revisar algunos procedimientos.
Tribunales italianos han cuestionado actuaciones concretas relacionadas con traslados y retenciones, y han emitido resoluciones favorables a organizaciones humanitarias. Este pulso entre el Ejecutivo y parte de la judicatura se enmarca, además, en un contexto más amplio de debate sobre la reforma judicial promovida por el Gobierno.
Las organizaciones humanitarias dedicadas al rescate en el Mediterráneo han expresado inquietud ante la posibilidad de que las nuevas restricciones dificulten las operaciones de salvamento. Argumentan que cualquier limitación a la entrada en puerto puede prolongar la permanencia de personas rescatadas en alta mar, aumentando su vulnerabilidad.
El Mediterráneo central sigue siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Miles de personas han perdido la vida en los últimos años intentando alcanzar territorio europeo, lo que convierte cada decisión política en una cuestión no solo legal, sino profundamente humana.
La cuestión migratoria también ha provocado fricciones diplomáticas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó su malestar tras no ser invitado a una reunión organizada por Italia junto a otros líderes europeos antes de una cumbre informal de la Unión Europea.
Imagen del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. FREDERIC SIERAKOWSKI/EC
Fuentes del Ejecutivo español señalaron que la exclusión resultaba difícil de justificar dada la importancia de España como frontera sur europea y país directamente afectado por los flujos migratorios. Sánchez y Meloni mantuvieron posteriormente una conversación privada al margen de la cumbre, mientras que desde Roma restaron importancia al desencuentro.
Aunque no se ha atribuido oficialmente un motivo concreto a la exclusión, las diferencias entre ambos gobiernos en materia migratoria son conocidas. España ha defendido en distintos foros la necesidad de combinar control fronterizo con vías legales y mecanismos de regularización, mientras que Italia ha apostado por reforzar las medidas de disuasión y externalización.
La aprobación de este proyecto de ley refuerza la posición de Italia como uno de los países que lideran la línea más restrictiva dentro del debate migratorio europeo. Al mismo tiempo, evidencia las tensiones existentes entre seguridad, solidaridad y derechos humanos en la gestión de un fenómeno estructural que afecta a toda la Unión Europea.
El recorrido parlamentario de la norma y su aplicación práctica serán determinantes para medir su impacto real. Mientras tanto, el Mediterráneo continúa siendo escenario de una crisis compleja donde las decisiones políticas se traducen en consecuencias directas para miles de personas que buscan en Europa una oportunidad de vida.