Carla Feria y Domingo Gonzalez
La Guardia Civil ha denunciado que personal de Adif retiró fragmentos de las vías del tren sin notificar ni solicitar autorización judicial, y los trasladó a una base de mantenimiento para así poder realizar múltiples pruebas sobre ellos sin el permiso previo que exige el procedimiento.
Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones. FOTO: Europa Press
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, suma un nuevo capítulo después de que la Guardia Civil presentara un informe en el juzgado instructor, asegurando que trabajadores de ADIF retiraron fragmentos de las vías sin advertir ni solicitar autorización judicial. El documento, incorporado en el procedimiento judicial, sostiene que parte del material que debía permanecer bajo custodia, fue trasladado a dependencias técnicas antes de que se autorizara formalmente.
Según la Guardia Civil, varios fragmentos de carril y otros elementos de la estructura ferroviaria fueron recogidos días después del siniestro y llevados a una base de mantenimiento para la realización de pruebas. Estas actuaciones se produjeron, según el informe, sin comunicación previa al juzgado ni a los investigadores encargados de preservar la escena.
El siniestro, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos, sigue siendo analizado por múltiples técnicos y analistas, cuya prioridad sigue siendo a día de hoy averiguar si el accidente se debió a un error humano, a un fallo en la maquinaria o a las malas condiciones de las vías. Es por ello que en este contexto, es fundamental obtener el mayor número de pruebas posibles sobre el estado de dichas vías y sus componentes, para así poder reconstruir lo ocurrido.
Fuentes próximas a la investigación subrayan que la preservación del lugar del accidente es algo esencial en cualquier procedimiento judicial, especialmente cuando existen víctimas mortales. La retirada de pruebas sin autorización podría generar dudas sobre la integridad de las pruebas, aunque será la jueza instructora quien determine si estas actuaciones tienen consecuencias procesales.
Por su parte, Adif ha sostenido que las actuaciones llevadas a cabo obedecían a razones técnicas y de seguridad, y que pretendían examinar con la mayor rapidez posible el estado de la infraestructura para prevenir posibles riesgos añadidos y ayudar a esclarecer lo ocurrido. La entidad pública afirma haber procedido de acuerdo con sus protocolos internos, si bien será la investigación judicial la que determine si dichos procedimientos se ajustaban a las exigencias legales del proceso.
Asimismo, se requiere que Adif se abstenga a realizar cualquier operación vinculada a la extracción y traslado de material para la instrucción de la causa sin autorización previa judicial, así como la retirada del material para su poder.
La jueza ha pedido datos precisos acerca de la secuencia temporal de los acontecimientos, especificando el momento exacto en que se retiraron los fragmentos, quién dio la orden para ello y qué análisis se practicaron después. Asimismo, ha exigido que se asegure la plena trazabilidad de los materiales, con el propósito de que puedan ser evaluados por los peritos designados por las partes.
Mientras tanto, las asociaciones de víctimas han reclamado que la investigación se desarrolle con absoluta transparencia y con el mayor grado de rigor posible. A su juicio, resulta esencial que cada actuación llevada a cabo quede debidamente registrada y respaldada por documentación precisa, de modo que no exista ningún espacio para la incertidumbre en lo relativo a la custodia y conservación de las pruebas. Subrayan que la claridad en los procedimientos no solo es una exigencia legal, sino también una cuestión de respeto hacia quienes se han visto directamente afectados.