Carla Sánchez, Shantal Dos Santos y Juan Carlos Márquez
La situación política y económica de España se ha visto afectada por una trama que une fondos públicos, la diplomacia internacional y la supervivencia de una aerolínea de escaso perfil. En el medio de esta polémica se encuentra Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía la cual, a pesar de su reducida actividad en el espacio aéreo español, ha terminado convirtiéndose en el centro de una de las polémicas más intensas de los últimos años. El debate no solo va en torno a la viabilidad económica de una empresa, sino que se extiende hasta los altos rangos de la política exterior, enlazando directamente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el Palacio de Miraflores en Caracas.
Para entender la magnitud de la polémica, es imprescindible analizar qué es exactamente Plus Ultra. Antes de la pandemia de COVID-19 en 2020, la compañía operaba como una pequeña aerolínea del mercado español. Con una flota la cual solo contaba con 4 aviones, su cuota de tráfico aéreo era escasa en comparación con las grandes aerolíneas del sector. Su modelo de negocio se concentraba casi exclusivamente en conectar España con puntos estratégicos de Latinoamérica, especialmente con los países de Venezuela, Perú y Ecuador. Sin importar mucho su tamaño o afluencia aérea, la aerolínea se convirtió en el punto clave de un debate nacional cuando fue elegida como beneficiaria de un multimillonario paquete de ayudas públicas.
Avión de Plus Ultra. Foto: El País
En el año 2020, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez tomó medidas drásticas para mitigar la consecuencia económica del confinamiento global. Entre estas medidas resaltó la elaboración de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, poseedor de 10.000 millones de euros y dirigido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. La finalidad teórica era salvar a aquellas corporaciones cuyo colapso implicaría un daño irremediable para la economía nacional.No obstante, la sorpresa surgió en marzo del 2021, cuando el Consejo de Ministros validó el rescate de Plus Ultra por un valor de 53 millones de euros.
La decisión llamó mucho la atención por variadas razones que ponen en duda la legitimidad del proceso. Principalmente, tanto expertos aeronáuticos como la oposición cuestionaron el carácter estratégico de la aerolínea, destacando que su escasa flota y número de rutas no argumentaba tal relevancia para el Estado. A esto se suma un severo desgaste financiero previo a la pandemia que, según los críticos, habría incumplido los requisitos de viabilidad exigidos por el fondo de la SEPI a cierre de 2019. Bajo este escenario, el rescate dejó de percibirse como una medida de salvaguarda económica frente a la crisis sanitaria para convertirse, a ojos de la oposición, en un presunto favor político que ignoraba la inhabilitación financiera de la compañía.
Una de las preguntas que surgió de inmediato con esta polémica fue: ¿Por qué se recató a Plus Ultra? Aquí es donde aparece José Luis Rodríguez Zapatero. Las sospechas que surgieron de que el expresidente pudo funcionar como facilitador del rescate de los 53 millones de euros se asientan sobre su relación de años con el gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro.
Esta relación no nació de la nada. Para saber su origen debemos viajar a mayo del 2016. En aquel momento, Venezuela estaba sumergida en una crisis institucional sin antecedentes. La oposición había conseguido una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias de 2015, creando una confrontación total con el ejecutivo de Maduro. Zapatero llegó a Caracas junto a otros exmandatarios, como Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Su llegada no fue casualidad ni de protocolo, sino que fue el inicio de una inmersión profunda en la política venezolana bajo la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Zapatero no aplicó una diplomacia convencional de comunicados distantes y cumbres en hoteles de lujo. Por el contrario, optó por lo que él mismo denominó «Diplomacia de Proximidad». Este método se basó en la presencia física persistente y en establecer vías de comunicación directas que, hasta ese momento, estaban completamente rotas entre el Palacio de Miraflores y la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. La estrategia de Zapatero se dividió en tres pilares fundamentales:
Acceso Directo: Tenía la capacidad única de reunirse en privado tanto con Nicolás Maduro como con los líderes más destacados de la oposición. Sus gestiones incluyeron visitas a prisiones para entrevistarse con figuras emblemáticas como Leopoldo López, tratando de humanizar el conflicto y abrir rendijas de negociación.
Discreción Absoluta: El expresidente operó bajo un manto de silencio mediático. Su teoría era que la presión de los titulares arruinaría cualquier avance mínimo. Muchos de sus logros no se publicitaron en el momento para proteger los frágiles acuerdos de convivencia que se estaban gestando.
La Teoría del «Mal Menor»: Este es quizás el punto más controvertido. Zapatero partía de la premisa de que, sin diálogo, la única alternativa era el caos social absoluto o un enfrentamiento militar. Por tanto, su diplomacia prioriza el mantenimiento de la paz y la estabilidad institucional sobre la resolución inmediata de las dudas sobre la legitimidad democrática del sistema venezolano.
José Luis Rodríguez Zapatero, con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge. Foto: EFE.
En este contexto, la UNASUR funcionó como un «escudo multilateral». La presencia de Zapatero y el «trío de facilitadores» buscaba impedir que la crisis venezolana derivara en una intervención extranjera o un colapso total, intentando equilibrar las presiones que llegaban desde la Organización de los Estados Americanos, OEA, y Estados Unidos.
Para entender por qué Zapatero se volvió indispensable, hay que recordar el bloqueo institucional que sufría Venezuela en 2016. El país vivía bajo un fenómeno de «Coexistencia de Poderes Negativos». Por un lado, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, legisla con la legitimidad de las urnas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el chavismo, anula sistemáticamente cada ley aprobada por el parlamento.
La diplomacia de Zapatero intentó, mediante un intento operativo casi exhaustivo, que estos dos engranajes del Estado volvieran a encajar. Aunque el éxito total no se alcanzó, su labor permitió evitar, al menos temporalmente, un bloqueo institucional absoluto que amenazaba con paralizar por completo la vida cotidiana del país.
La administración de Zapatero dio resultados tangibles. Gracias a su mediación, se abrieron vías para la ayuda humanitaria y se asentaron las bases para las mesas de diálogo en República Dominicana entre los años 2017 y 2018. Logró también medidas de «alivio político«, como la liberación de varios cargos que estaban encarcelados y se estableció una hoja de ruta para el diálogo nacional.
Su enfoque se centró en la neutralidad, insistiendo en que cualquier solución debía de ser negociada y obligatoriamente electoral. Sin embargo, este proceso fue, y sigue siendo, profundamente divisivo en este país.Se le considera un mediador razonable y una de las pocas voces internacionales que están dispuestas a escuchar su versión de los hechos sin condenarlo previamente.
Sectores críticos lo acusaron de dar vida al chavismo. La oposición argumentan que, cada vez que el gobierno de Maduro se veía en una situación muy débil o bajo una gran presión internacional insoportable, la diplomacia de proximidad de Zapatero aparecía para regular la tensión y dar más tiempo de margen régimen de Maduro, retrasando así las transformaciones tan urgentes que a su parecer, el país necesitaba.
El caso de Plus Ultra no es simplemente el relato de un rescate financiero a una aerolínea pequeña. Es la historia de cómo la política exterior y los intereses económicos pueden llegar a cruzarse de formas complejas. Hoy en día, las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero persisten. La sombra de la duda planea sobre si su papel como interlocutor privilegiado en Venezuela influyó de manera determinante en que el Gobierno de España destinará 53 millones de euros de dinero público a una empresa con vínculos tan estrechos con el eje Caracas-Madrid en una operación muy polémica. Mientras el debate continúa en los tribunales y en el Parlamento, el caso de Plus Ultra queda como el ejemplo perfecto de las tensiones entre la diplomacia del «mal menor» y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.