La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en Caracas el jueves 19 de febrero, una Ley de Amnistía impulsada con la oposición para liberar a cientos de presos políticos y cerrar causas judiciales en un intento por abrir una nueva etapa política en el país
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la Ley de Amnistía, que podría beneficiar a cientos de presos políticos y a personas que se encuentran en el exilio y están siendo perseguidas. La norma permitirá cerrar procesos judiciales contra opositores. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, celebró el acuerdo luego de dos semanas de consultas. Por su parte, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, firmará el texto, que fue enviado al Palacio de Miraflores para su promulgación.
La ley cubre hechos vinculados a 13 momentos de conflictividad política y social entre 1999 y 2026. Incluye el período de la Asamblea opositora (2016–2021), procesos relacionados con las primarias opositoras de 2023, así como protestas y hechos ocurridos tras las elecciones de julio de 2024. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y familiares habían solicitado también la derogación de leyes consideradas herramientas de represión, pero esto no fue incluido en el texto final. El propio Jorge Rodríguez reconoció que la ley de “delitos de odio” podría ser reformada, aunque la calificó como “muy útil”.
El artículo 7 generó un amplio debate público, ya que el chavismo exigía que los beneficiarios se presentaran ante la justicia. Defensores y familiares argumentaron que muchos de esos casos nunca debieron considerarse delitos. Finalmente, se permitió la representación legal para quienes estén fuera del país y se prohibió la detención tras solicitar la medida. La diputada opositora Nora Bracho señaló que, aunque la ley “no es perfecta”, representa un avance hacia el fin de la persecución política.
Una comisión parlamentaria de 23 diputados supervisará la aplicación de la ley y revisará las posibles exclusiones.
Mientras tanto, familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de detención como la Zona 7 en Caracas, a la espera de liberaciones efectivas.
Desde el chavismo se ha defendido que esta ley permitirá “restablecer la paz” a nivel nacional. En el último debate de la Asamblea Nacional fue aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela, una norma que el oficialismo presenta como histórica y que, según el Gobierno, abre el camino hacia una nueva etapa política en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 600 presos políticos podrían verse beneficiados por esta medida, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que, a lo largo de los últimos 25 años de chavismo, han existido más de 10.000 personas acusadas o perseguidas por motivos políticos.
La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que desde sectores de la oposición se estaría dando “un proceso profundo de reflexión”, en referencia a distintos actores políticos que, según el Gobierno, estarían dispuestos a dar pasos hacia el diálogo.
En las últimas semanas, familiares de presos políticos habían protagonizado protestas, incluyendo huelgas de hambre, para exigir la liberación de sus allegados. Sin embargo, desde organizaciones de derechos humanos se advierte que la amnistía no sería plenamente efectiva, ya que el Estado no reconoce oficialmente la existencia de persecuciones políticas ni de delitos fabricados.
Este proceso fue impulsado inicialmente por el Gobierno de Nicolás Maduro, que presenta la amnistía como un intento de “reencuentro nacional” y de aislamiento de la violencia que ha marcado la crisis venezolana. El debate de fondo sigue siendo si las personas encarceladas lo están únicamente por motivos políticos o si, bajo su condición de figuras opositoras, también se les imputan otros delitos, lo que reabre la discusión sobre quiénes deben ser considerados realmente presos políticos.