Sofía María Pizarro Muñoz
Este martes 27 de mayo, se ha conocido la respuesta negativa de la Unión Europea desde Bruselas respecto a la propuesta del Gobierno español para que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales durante una reunión del Consejo de Asuntos Generales a causa de que varios países expresaron dudas jurídicas, técnicas y presupuestarias.

Carles Puigdemont junto a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y José Manuel Albares, el ministro de Exteriores durante una reunión en Bruselas / EFE
La propuesta del Gobierno español para que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea ha sido aplazada tras la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada este lunes en Bruselas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el respaldo de algunos países como Dinamarca, Eslovenia y Chipre, la iniciativa no ha conseguido el consenso necesario entre los Estados miembros. Al menos siete países han expresado dudas legales y financieras, lo que ha llevado a la presidencia polaca del Consejo de la UE (Unión Europea) a posponer la votación prevista y no descarta la posibilidad de retomarla en la próxima reunión del 24 de junio.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado el compromiso del Gobierno con la oficialidad de estas lenguas y se ha mostrado dispuesto a dialogar con los países reticentes. Sin embargo, la falta de unanimidad requerida impide avanzar en la propuesta, que será reconsiderada en la próxima cumbre ministerial si España lo solicita.
A nivel europeo, países como Finlandia, Suecia y Austria han solicitado más tiempo y han señalado cuestiones legales y de costes aún no resueltas como motivo para no avanzar en la votación. La Comisión Europea ha sido invitada a realizar un análisis más detallado del coste estimado, actualmente cifrado en unos 132 millones de euros.
La propuesta española plantea una implementación gradual de la oficialidad de estas lenguas a partir de 2027, asumiendo completamente los costes de traducción y adaptación. Aunque el catalán, el euskera y el gallego no son lenguas oficiales en todo el territorio español, sí cumplen con los requisitos establecidos para su reconocimiento en la UE (Unión Europea).
La decisión de posponer la votación supone un revés para el Gobierno español, que considera la oficialidad de estas lenguas como un objetivo irrenunciable. El Ejecutivo se ha comprometido a seguir negociando y a presentar una propuesta «muy trabajada y mejorada» en futuras reuniones del Consejo de la UE.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Marcelo del Pozo, Cadena Ser
Las lenguas cooficiales
A lo largo de los siglos, el catalán, el gallego y el euskera se han constituido como instrumentos de comunicación y símbolos de identidad y resistencia cultural en sus respectivos territorios. Cada una de estas lenguas representa una herencia milenaria que ha sobrevivido a procesos históricos de homogeneización lingüística, represión política y centralismo estatal, consolidándose como parte esencial del patrimonio inmaterial de Europa.
En primer lugar, el catalán, con raíces en el latín vulgar, emergió como lengua romance diferenciada en la Edad Media, extendiéndose por territorios que hoy comprenden Cataluña, la Comunidad Valenciana (el valenciano como su variación), las Islas Baleares, parte de Aragón, Andorra, el Rosellón francés y la ciudad sarda de Alguer. Fue una lengua literaria de prestigio desde el siglo XIII, y su recuperación contemporánea, especialmente a partir de la Renaixença en el siglo XIX, simboliza el renacimiento cultural de Cataluña. Actualmente, el catalán es hablado por más de diez millones de personas, lo que lo convierte en una de las lenguas más vivas de Europa sin estatus oficial en la UE (Unión Europea).
Por otro lado, el gallego, estrechamente emparentado con el portugués, surgió como lengua literaria en la Edad Media con la lírica galaicoportuguesa. Tras siglos de diglosia y represión, su revitalización comenzó en el siglo XIX con el Rexurdimento. Actualmente, el gallego convive con el castellano en Galicia como lengua cooficial, siendo una pieza clave de la identidad gallega. Es hablado por más del 80% de la población gallega, aunque su uso ha experimentado un retroceso en los ámbitos urbanos y entre las generaciones más jóvenes.
Por último, el caso del euskera es singular en Europa, ya que es la única lengua preindoeuropea aún viva en el continente. Y, aunque su origen sigue siendo objeto de estudio, pero su valor antropológico y cultural es indiscutible, es hablado en Euskadi y parte de Navarra y resistió siglos de marginación y prohibiciones, durante la dictadura franquista, en concreto. En la actualidad, se encuentra en proceso de normalización lingüística y cuenta con un importante respaldo institucional.
Más allá de su valor funcional, estas lenguas encarnan un vínculo profundo entre territorio, cultura y ciudadanía. Su reconocimiento no solo se relaciona con criterios técnicos o jurídicos, sino que apela a la pluralidad que define a las democracias modernas. En este sentido, su inclusión como lenguas oficiales de la UE (Unión Europea) sería un paso simbólico hacia una Europa y España más diversa, inclusiva y respetuosa con sus propias raíces.
La reacción de los gobiernos autonómicos
Aún así, y como era esperado, la situación ha generado tensión política entre el Gobierno y los diferentes partidos autonómicos. Por ejemplo, el Gobierno Vasco ha denunciado la existencia de intereses partidistas que obstaculizan la oficialidad del euskera en la Unión Europea. Por su parte, Carles Puigdemont ha acusado al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de interferir en el proceso para bloquear el reconocimiento del catalán, argumentando que sus maniobras vulnerarían el Estatut de Catalunya.
El Gobierno Vasco ha expresado su descontento ante lo que considera “maniobras partidistas para obstaculizar el reconocimiento del euskera en la Unión europea”. Ibone Bengoetxea, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, denunció la existencia de una «contradiplomacia» que busca negar los derechos lingüísticos de millones de europeos que hablan euskera, catalán o gallego y calificó como «inadmisible» utilizar intereses partidistas para contraprogramar los esfuerzos del Gobierno español en este ámbito. Además, reafirmó el compromiso del Ejecutivo vasco de seguir trabajando «por todas las vías y al máximo nivel» para lograr el reconocimiento oficial del euskera en Europa.
Por su parte, la Xunta de Galicia ha mostrado su respaldo al uso del gallego en más ámbitos, incluida la Unión Europea, pero ha criticado la vía empleada por el Gobierno central para su oficialización, calificándola de «una imposición». El secretario xeral da Lingua, Valentín García, subrayó que los recursos deberían enfocarse en promover el gallego dentro de Galicia, citando el Proxecto Nós como ejemplo de mejora digital. Durante una reunión con el rector de la Universidad de A Coruña, se acordaron algunas estrategias de normalización lingüística en el ámbito universitario.
Por último, en Cataluña, la Generalitat no ha emitido una declaración institucional destacada sobre el aplazamiento de la votación. Sin embargo, el expresidente Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha criticado duramente al Partido Popular por su oposición a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Puigdemont acusó al PP (Partido Popular) de desobediencia, rebelión o incluso traición por oponerse a un mandato recogido en el Estatut de Cataluña, que insta al reconocimiento del catalán en la Unión Europea.

(De izquierda a derecha) Una bandera de la Unión Europea junto a una bandera española en 2024 en Madrid / Eduardo Parra, Europa Press
La respuesta de Puigdemont
En el contexto del aplazamiento de la votación sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea, Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha intensificado sus críticas hacia el Partido Popular (PP). Puigdemont ha señalado que el PP (Partido Popular), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido contactos con países de la Unión Europea para influir en contra de la oficialidad del catalán, lo que considera una «conspiración con terceros países» en detrimento de los intereses oficiales del Reino de España .
El expresidente catalán ha cuestionado la coherencia del PP (Partido Popular) respecto al cumplimiento de las leyes, recordando que el Estatut de Catalunya obliga a los gobiernos catalán y español a emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE. En este sentido, Puigdemont ha preguntado si «las leyes están para cumplirlas o solo es para los catalanes», sugiriendo que el PP (Partido Popular) podría estar incurriendo en desobediencia, rebelión o incluso traición al oponerse a este mandato legal.
Estas declaraciones se producen en un momento en el que su oficialidad se ha convertido en una pieza clave de la estrategia política de Puigdemont y Junts. El partido ha condicionado su relación con el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a avances tangibles en este tema, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de compromiso y de no haber asegurado previamente el respaldo necesario en Bruselas para sacar adelante la propuesta.
Además, Junts enfrenta tensiones tras apartarse del Pacto Nacional por la Lengua, impulsado por el expresident Pere Aragonès y respaldado por otras formaciones catalanas y entidades sociales. La decisión de desmarcarse de este pacto ha generado críticas dentro del partido, al considerarse un retroceso en el consenso lingüístico. Junts sostiene que solo la oficialización europea justifica nuevas negociaciones, y busca recuperarse de la polémica por el apoyo del candidato propuesto por Junts en la CNMC a la OPA del BBVA sobre Sabadell.
Puigdemont, aún en Waterloo y esperando beneficiarse de la ley de amnistía, ha cuestionado los acuerdos incumplidos del PSOE con Junts, subrayando que el catalán no ha alcanzado el estatus oficial en Europa por desatención del Ejecutivo español. La falta de avances en este ámbito podría afectar a la estabilidad parlamentaria en España y a las relaciones del Ejecutivo con sus socios independentistas. Por lo que la oficialidad del catalán en la Unión Europea se ha convertido en un elemento central en la estrategia política de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya. Las acusaciones contra el PP (Partido Popular) por obstaculizar el proceso, las críticas al Gobierno por falta de compromiso y las tensiones internas en el partido reflejan la complejidad del debate sobre la promoción del catalán en el ámbito europeo y su impacto en la política nacional.
Por tanto, el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea continúa como asunto pendiente más allá del significado lingüístico, sino también como una cuestión política, identitaria y de equilibrio territorial. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre los despachos de Bruselas y los pasillos del Congreso, junto a las sedes de los gobiernos autonómicos, donde las lenguas cooficiales marcan la agenda institucional.