Valentina Ortiz Martínez y Alejandro Dominguez
El reciente Seminario Interuniversitario de la UE-URJC sobre economía circular, celebrado este 25 de febrero de 2026, ha puesto el foco en la urgencia de transformar el modelo de gestión de residuos en España. Si bien la primera jornada abordó la necesidad de vigilancia contra el fraude y el cambio de mentalidad generacional , la segunda jornada se adentra en la compleja realidad técnica y financiera que enfrentan las entidades locales ante el nuevo marco normativo.
El ponente principal de la segunda sesión, Emiliano Sanz Rubio, experto en haciendas locales y gestión tributaria, analizó las implicaciones de la Ley 7/2022. Esta normativa impone un cambio de paradigma: la gestión de residuos ya no es solo una competencia, sino una exacción obligatoria para todos los ayuntamientos.
Bajo este nuevo modelo, las tasas municipales deben cumplir tres requisitos críticos. El primer requisito es la especificidad y diferenciación, es obligatorio que la tasa sea clara y no esté diluida en otros impuestos. El segundo requisito es la No deficitaria, la tasa debe reflejar el coste real de las operaciones de recogida y tratamiento. El último requisito crítico es el Pago por Generación (PxG), se debe tender a sistemas donde el ciudadano pague en función de los residuos que realmente produce.
Uno de los datos más alarmantes revelados durante la jornada proviene del informe AIReF, que señala que el coeficiente de cobertura actual de los servicios de residuos es de apenas el 60%. Esto significa que los ayuntamientos están asumiendo un déficit estructural que la nueva ley obliga a subsanar antes de que finalice el ejercicio 2026.
Sanz Rubio advirtió sobre el «riesgo de desequilibrio presupuestario» y la fragilidad jurídica de las ordenanzas actuales. Al ser normas reglamentarias, las tasas municipales pueden ser impugnadas en múltiples juzgados, lo que genera una «atomicidad» de pronunciamientos legales que dificulta una gestión uniforme.
El contexto internacional no ofrece tregua. Mientras que la generación de residuos en la Unión Europea oscila entre los 300 y 800 kg por persona al año, la solución de exportar residuos a Asia-Pacífico ha desaparecido. España, que ya incumplió los objetivos de reciclaje de 2020, se enfrenta ahora a proyecciones que estiman un aumento del 70% en la generación de residuos para 2050 si no se actúa de forma drástica.
Más allá de los números, el seminario subrayó que la economía circular es tanto una cuestión ambiental como social. Aunque existe una necesaria «agilidad burocrática» para que los proyectos sean competitivos , el éxito dependerá de la transparencia y la corresponsabilidad. Como se mencionó en el debate, la transición hacia la circularidad es similar a la implementación del cinturón de seguridad: un cambio que genera protestas iniciales pero que resulta vital para la supervivencia del sistema.