Juan Ignacio Jiménez Pérez
La Secretaría de Estado de Seguridad ha emitido la Instrucción 7/2025 por la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán sancionar a las personas que consuman drogas en un vehículo estacionado. La polémica norma ha generado una cantidad ingente de críticas entre los propios agentes.
La Guardia Civil y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) han anunciado que presentarán un recurso contra esta norma y solicitarán la suspensión cautelar de su aplicación. Argumentan que existe un «grave error legal, ya que garantiza la impunidad en el consumo y posesión de sustancias ilícitas en el interior de vehículos particulares estacionados, siempre que no estén destinados al tráfico. Es una interpretación torticera de la ley mordaza en favor de los delincuentes. Hecha la ley, hecha la trampa«, fomentando los cundas o taxis de la droga, automóviles que transportan a los toxicómanos a los puntos de venta de diversos estupefacientes. Desde el sindicato avisan: «Vamos hacia unas situaciones de absoluta inseguridad, ya no jurídica para los policías nacionales, sino de inseguridad ciudadana para la población, que realmente es lo que nos preocupa».
El Ministerio del Interior pide a los policías y guardias civiles que no intervengan y no apliquen la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, así que no podrán sancionar la tenencia y el consumo de drogas en el interior de los vehículos, siempre y cuando estén estacionados. El Gobierno confirma que “no se encuadra en ninguna infracción administrativa tipificada en la legislación vigente y no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas».
Hasta la fecha, los agentes que patrullan las calles proponían sanciones a las personas que portaban o consumían estupefacientes dentro de los coches, los camiones o los autobuses. En este caso, se aplicaba el artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aprobaba sanciones por el siguiente supuesto: «El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares».
Con la reciente decisión, este artículo queda inservible, aumentando la inseguridad especialmente en las zonas en las que se encuentren colegios o centros de menores. Además, esta medida aumentará el consumo de dichas sustancias cerca de discotecas o lugares de ocio.
Otra medida que se ha aprobado recientemente por el Ministerio del Interior es ceder ante una reivindicación histórica de los policías nacionales. La Dirección General de la Policía ha decidido pagar 153,84 euros al año, unos 12,8 euros al mes, en concepto de indemnización por el vestuario a los agentes del Cuerpo que prestan servicio vestidos de paisanos. En principio, la orden se aplicará desde este mismo año y los funcionarios afectados recibirán la compensación económica correspondiente por el vestuario de 2025. Fernando Grande-Marlaska será el protagonista de firmar dicho borrador, que será presentado a los sindicatos policiales en la próxima reunión del Consejo de Policía.
Tras salir a la luz dicha información que prepara Interior, desde la Unión Federal de Policía (UFP) anuncian que la cifra acordada es «a todas luces insuficiente porque no da ni para un traje». Es de obligada mención recordar que el traje es el vestuario con el que deben prestar servicio la mayoría de los escoltas. También plantean dudas acerca de que la indemnización esté sujeta a que haya crédito suficiente en los Presupuestos Generales del Estado.