Hugo Martirena
Pedro Sánchez ha decidido pisar el acelerador en materia de defensa. En un movimiento inesperado, el Gobierno ha aprobado un aumento extraordinario de 10.500 millones de euros en el presupuesto militar, con el objetivo de alcanzar este mismo año el 2% del PIB comprometido con la OTAN para 2029. La decisión, tomada sin pasar por el Congreso, ha abierto una fractura en el seno del Ejecutivo, ha desatado críticas desde distintos sectores y ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre las prioridades del gasto público en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa Foto: Europa Press
Con esta decisión, España prevé alcanzar este mismo año el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar, el porcentaje acordado con la OTAN para 2029. El anuncio ha generado un fuerte impacto político y social, ya que adelanta en cinco años un compromiso internacional clave en materia de seguridad, lo que, en palabras del presidente, responde a “un nuevo contexto global que exige responsabilidad y anticipación”.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso, al tratarse de un ajuste dentro de los propios márgenes presupuestarios. Esta vía legal, aunque constitucional, ha sido cuestionada por diversos actores, especialmente desde dentro del propio Ejecutivo, donde el socio de coalición del PSOE, Sumar, ha manifestado abiertamente su oposición. La vicepresidenta Yolanda Díaz y otros cinco ministros del ala progresista votaron en contra de la medida, al considerar que una modificación presupuestaria de tal envergadura debería ser debatida en el Parlamento.Para entender el alcance de este plan, es necesario situarlo en el marco de las tensiones geopolíticas actuales. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la OTAN ha reforzado su estrategia de disuasión y defensa, reclamando a sus miembros mayores inversiones. Aunque España se encontraba en torno al 1,4% del PIB en gasto militar a finales de 2023, seguía siendo uno de los países con menor inversión relativa. Estados Unidos, principal impulsor de esta política dentro de la Alianza Atlántica, ha intensificado la presión para que sus socios europeos asuman un mayor compromiso financiero. La semana previa al anuncio, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, trasladó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la necesidad de que España avanzara hacia ese 2% cuanto antes.
Pedro Sánchez justificó el giro como una adaptación a la nueva realidad internacional. “Si me hubieran preguntado hace unos años por mis planes de gasto en Defensa, mi respuesta hubiera sido distinta. Pero el mundo ha cambiado y Europa debe asumir su papel. Ya no podemos depender únicamente de terceros para garantizar nuestra seguridad”, señaló. Para el presidente, la inversión no contradice la agenda social del Gobierno, y recordó que durante su mandato se han aprobado ampliaciones significativas en gasto social, vivienda, sanidad o transición ecológica. Según sus palabras, “reforzar la defensa no implica renunciar al bienestar, sino protegerlo en un mundo más incierto”.
El nuevo plan de inversión no se limita a la compra de armamento. El 35% del total se destinará a mejorar las condiciones laborales y materiales de las Fuerzas Armadas. En los últimos años, distintas asociaciones de militares habían denunciado la precariedad en los empleos de tropa y marinería, especialmente en cuanto a sueldos y acceso a vivienda. Este bloque incluirá también modernización de equipamientos, formación y capacidades logísticas. Otro 31% se dirigirá a la mejora en telecomunicaciones y ciberseguridad. Según datos del propio Gobierno, España sufre más de mil ciberataques al año que afectan a infraestructuras sensibles como hospitales, aeropuertos o sistemas energéticos. Los fondos restantes se orientarán a impulsar un Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, con el que se pretende fortalecer la industria nacional en sectores estratégicos, fomentar la innovación militar y reindustrializar algunas zonas deprimidas.
Este componente económico del plan ha sido otro de los puntos que el Gobierno ha querido destacar. Según el Ejecutivo, esta inversión tendrá un impacto positivo en el tejido productivo español, generando empleo cualificado y posicionando a España como proveedor de tecnología y equipamiento para el mercado europeo. Para ello, se han articulado colaboraciones con empresas como Indra, Navantia o Airbus, así como con centros de investigación y universidades. La expectativa es que esta política refuerce no solo la seguridad nacional, sino también la autonomía estratégica de la Unión Europea en un momento en que las cadenas de suministro globales se han vuelto frágiles y dependientes.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. Desde Sumar se ha cuestionado la oportunidad y la forma del plan. Además del desacuerdo ideológico con el refuerzo militar, se critica que no se haya abierto un debate público ni se haya planteado una estrategia de conjunto que permita priorizar entre las distintas necesidades del país. “En lugar de blindar derechos sociales o avanzar hacia un modelo económico más justo, se refuerza un enfoque militarista que no ha sido respaldado por la ciudadanía en las urnas”, han señalado desde la formación. Algunas organizaciones sociales también han expresado su preocupación por el desequilibrio que esta medida pueda suponer respecto a otras áreas como educación, sanidad o vivienda.
La oposición ha reaccionado de forma diversa. Mientras el Partido Popular ha valorado positivamente el cumplimiento del compromiso con la OTAN, aunque ha pedido mayor transparencia sobre la ejecución del gasto, otras formaciones como ERC, EH Bildu o Podemos han rechazado el plan por considerarlo una “concesión a los intereses de Estados Unidos” en detrimento de la soberanía presupuestaria del país. A nivel parlamentario, algunos diputados han anunciado su intención de reclamar comparecencias para debatir los detalles y justificar cada partida.
La sociedad, por su parte, muestra una opinión fragmentada. En un país con una tradición pacifista y con escasa cultura de defensa, el aumento del gasto militar genera cierta desconfianza. No obstante, el aumento de amenazas como la guerra híbrida, los ciberataques o el conflicto en Ucrania ha modificado en parte la percepción pública. Según una reciente encuesta del CIS, un 48% de los españoles considera necesario aumentar la inversión en defensa, frente a un 40% que se muestra contrario.
Los analistas internacionales coinciden en que este movimiento sitúa a España en un papel más activo dentro de la OTAN y de la arquitectura de seguridad europea. El adelanto del 2% del PIB se interpreta como una señal de compromiso con sus aliados, especialmente ante el posible retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ya en su anterior mandato cuestionó la permanencia en la Alianza de los países que no cumplían con sus compromisos financieros. Para algunos expertos, este paso refuerza la imagen exterior de España como un socio fiable y con ambiciones estratégicas en el marco europeo.
Además, dentro del ámbito militar, la noticia ha sido recibida con cierta esperanza. Muchos profesionales de las Fuerzas Armadas ven en esta inversión una oportunidad histórica para modernizar estructuras obsoletas y dignificar unas condiciones laborales que arrastraban décadas de desatención. Al mismo tiempo, sectores empresariales ligados a la industria armamentística han celebrado el anuncio como una posible vía de crecimiento sostenido. No obstante, los expertos alertan sobre el riesgo de convertir esta inversión en gasto sin retorno si no se gestiona con criterios de eficiencia, transparencia y utilidad a largo plazo.Este nuevo capítulo en la política de defensa del país plantea preguntas de fondo sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía presupuestaria y prioridades sociales. En un momento en el que España también enfrenta desafíos internos como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral o el envejecimiento de la población, el debate sobre cómo y para qué se gasta el dinero público se hace más necesario que nunca.
Pedro Sánchez, durante una intervención en La Moncloa. Foto: Borja Puig De La Bellacasa
En cualquier caso, la decisión del Gobierno de adelantar el objetivo de gasto en Defensa marca un punto de inflexión. Es una apuesta clara por redefinir el papel de España en el escenario internacional y por asumir una mayor corresponsabilidad en la seguridad global. Queda por ver si esta estrategia se traducirá en mayor cohesión o en más divisiones dentro del propio Ejecutivo y en la sociedad española.