Ricardo Corbacho
Perú atraviesa una crisis de delincuencia. Comerciantes, escuelas, gremios de transporte y hasta artistas están siendo extorsionados. Los cobros de cupos y las amenazas armadas se han vuelto parte del día a día en regiones como Lima y Callao, que hoy son presas del pánico. Bandas organizadas operan con creciente violencia desde hace varios meses. A pesar de las medidas del gobierno por frenar esta situación, la inseguridad sigue ganando terreno y muchas comunidades se ven obligadas a cerrar sus negocios, suspender clases o vivir bajo silencio por temor a represalias.
La alta criminalidad en el Perú no es algo nuevo, pero la capital vive una situación extremadamente compleja, con casos de extorsiones en constante aumento. Solo en el primer trimestre del presente año, las denuncias por extorsión han superado por mucho las cifras de los años 2022, 2023 y 2024. El analista de datos Juan Carbajal alertó de que, si no se toman acciones urgentes, esta tendencia podría seguir aumentando.
Hasta las escuelas han dejado de ser lugares seguros. En marzo, un encapuchado dejó un sobre con 7 balas en la puerta del colegio San Vicente, en el distrito de Comas. El sobre llevaba una carta dirigida al director: “Ya exploté tu colegio una vez, y aun así sigues sin darme solución. ¿Estás esperando que mate a un vigilante, a un padre de familia o a un profesor?”. Según estimaciones del colectivo Educar con Libertad, que agrupa a ocho asociaciones de colegios, padres de familia y promotores de Lima y distintas regiones, serían al menos 1.000 colegios privados víctimas de extorsiones, de los cuales apenas 300 han presentado una denuncia policial. El resto teme represalias. Aunque los promotores cambien de números de teléfono o cierren sus redes sociales, las amenazas llegan con fotos de sus familiares y detalles de cada movimiento que realizan. Miriam Ramírez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (ANAPEF), indica que el temor de que sus hijos sean víctimas de una bala perdida hace imposible un desarrollo del año académico. Ni siquiera en el formato virtual, porque han recibido reportes de extorsiones a colegios que ya están en modalidad virtual, con docentes que son obligados a apagar sus transmisiones en vivo hasta que no se paguen cupos.
Artistas reconocidos del país tampoco están a salvo, pues son varios los grupos musicales que han expresado el temor con el que viven y salen a las calles, ya que se encuentran bajo extorsión. En marzo, Paul Flores, cantante de la orquesta “Armonía 10”, fue asesinado mientras el grupo se dirigía a un concierto. Un grupo de personas realizó múltiples disparos al autobús en el que se encontraban, hasta que Flores fue alcanzado por 2 balas. La orquesta declaró que estaban recibiendo amenazas desde hace tiempo, donde se les exigía el pago de montos altos.
En respuesta, el gobierno de Dina Boluarte declaró un estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia del Callao. Estado de emergencia en el que la Policía Nacional mantendría el control del orden interno, con apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Además, el Congreso aprobó la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su incapacidad para afrontar la inseguridad que atraviesa el país. Con 78 votos a favor y 11 en contra, el gobierno resolvió la destitución de Santiváñez, quien pronunció ante los medios, diciendo que acepta la decisión del Congreso, pero sin reconocer fallas en su gestión: “Han sido 10 meses de arduo trabajo conjuntamente con la PNP. Estoy realmente convencido de que hemos devuelto a la Policía muchísimas cosas: una mejora de sueldo, en armamento, derechos y muchas otras cosas que la PNP sabrá valorar”, señaló.
Otro de los sectores más afectados ha sido el de transporte. El pasado 9 de abril, tristemente 2 conductores fueron asesinados por 2 sicarios de nacionalidad venezolana y que integran la banda criminal extranjera conocida como el “Hampa”. El asesinato doble ocurrió en la misma calle, mientras los conductores cumplían con sus funciones laborales. Es por esto que el gremio de transporte convocó a un paro en Lima y Callao en signo de protesta por el asesinato de sus dos compañeros. “Lo único que ha hecho Dina es traer inseguridad, delincuencia. Nosotros no sabemos si llegaremos a nuestras casas. Nos despedimos con un fuerte abrazo de nuestras familias. Lamentablemente, tenemos que salir a arriesgarnos. Vamos a seguir protestando”, señalaron los conductores, indignados.
Tras este lamentable suceso, las bandas del Callao declararon la “guerra» mediante redes sociales a las organizaciones delictivas venezolanas que operan en el país. Durante un reportaje emitido en el programa Panorama, el líder de una de las pandillas del Callao lanzó una amenaza directa contra los extranjeros, especialmente a las organizaciones que vienen extorsionando a transportistas y pequeños trabajadores: “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”. Durante ese mismo reportaje, miembros encapuchados exhibieron armas de fuego asegurando estar listos para una “limpieza” de extranjeros en el suelo chalaco. Uno de ellos afirmó: “Comenzamos con el Callao. Espero que las demás provincias comiencen a colaborar. Vamos a hacer limpieza en todo el Callao”.
El pueblo peruano, ante la delicada situación, no se quedó callado y alzó la voz saliendo a las calles a protestar en varias ciudades de Perú para exigir al gobierno reforzar su combate al crimen organizado. Las marchas fueron pacíficas y tuvieron su foco principal en la capital, Lima. “Mucha delincuencia está habiendo, queremos paz, no queremos morir”, declaró una ciudadana. En lo que va de 2025, se han registrado más de 640 homicidios en Perú, lo que equivale a un asesinato cada cuatro horas. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, esa cifra es la más alta en las últimas dos décadas, según estimaciones de la prensa peruana. La percepción de la ciudadanía respecto a la gestión gubernamental en materia de seguridad es negativa. Una encuesta reciente revela que el 80% de los peruanos considera que no existe una estrategia efectiva para garantizar la seguridad ciudadana. Además, el 52% de los encuestados responsabiliza directamente a la presidencia por la crisis de inseguridad.
El 21 de abril de 2025, John Kennedy Javier Sebastián, detenido por robo desde 2023, logró escapar del penal de Lurigancho, una de las prisiones más hacinadas de Latinoamérica. El recluso burló los controles, escaló la malla perimétrica y se lanzó desde un muro de tres metros, mientras era grabado por vecinos del penal. Este incidente provocó la destitución del director del penal y el reemplazo del personal de seguridad. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario peruano, incluyendo la mejora de las condiciones carcelarias, la revisión de los protocolos de seguridad y la atención a las denuncias de maltrato dentro de los penales.
Recientemente se dio a conocer la intención de la presidenta Dina Boluarte de viajar a Roma al funeral del Papa Francisco, tras su sensible fallecimiento. La solicitud de la jefa de Estado fue rechazada por el Congreso con 45 votos en contra y 40 a favor. Tras darse a conocer la resolución por parte del Congreso, el primer legislador en intervenir fue Diego Bazán, quien manifestó su inquietud ante la petición de la mandataria: “Me avergüenza porque, en lugar de estar en las regiones, estamos aquí perdiendo el tiempo ante un capricho de la presidenta”, expresó. Además, señaló que esta decisión distrae de los temas prioritarios del país, como “la crisis de inseguridad y penitenciaria”, recordando el caso de fuga de uno de los centros penitenciarios en San Juan de Lurigancho. Susel Paredes también no dudó en intervenir y también expresó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo. “Es increíble que quiera irse a Roma a un ritual importante para todos los católicos, pero no pagado por todos los peruanos, cuando tenemos seis muertos diarios, extorsiones, colegios cerrados porque este gobierno no le puede dar seguridad a los estudiantes”, afirmó.
Para todo el pueblo peruano resulta indignante cómo la presidenta de la República parece que no se quiere dar cuenta de la situación que atraviesan miles de familias en todo el país. Y les resulta aún más indignante que no se quiera hacer responsable. “No es responsabilidad de la presidente Boluarte, este Ejecutivo está dando respuestas firmes”, fue lo que declaró la jefa de Estado tras los lamentables sucesos que ocurrían en el país. Este tipo de declaraciones no solo reflejan una desconexión total con la realidad que viven miles de peruanos, sino también una alarmante falta de empatía y de liderazgo. Mientras la violencia sigue cobrando vidas, sembrando miedo y destruyendo hogares, la presidenta opta por eludir su responsabilidad, escudándose en discursos vacíos que poco o nada aportan a la solución del problema. El pueblo ya no necesita excusas ni promesas huecas: necesita acciones concretas, decisiones firmes y, sobre todo, un gobierno que esté verdaderamente comprometido con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir sin temor.