Juan Márquez y Nicolás Fernández
José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario vinculado a la trama Plus Ultra viajaban una vez al año a Venezuela en aviones pagados por el régimen. Ambos compartían hoteles y asistían juntos a las reuniones.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero junto a su amigo Julio Martínez Martínez, detenido por la trama Plus Ultra, se desplazaban anualmente juntos a la capital venezolana. El régimen de Nicolás Maduro servía aeronaves gubernamentales para que Zapatero y el empresario realizasen estos viajes.
Los viajes tuvieron lugar entre los años 2020 y 2025, aunque el empresario ya habría viajado de forma continua a Venezuela desde el 2011, momento en el que conoció a Zapatero. En el año 2020, Julio Martínez fue contratado como asesor externo por la línea Plus Ultra, en la cual cobraba unos 458.000 euros por sus servicios. Este ha negado en todo momento ser el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por otro lado, la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa) sitúa al empresario como una persona de máxima confianza y presunto testaferro del expresidente, señalando que utilizaba un teléfono de alta seguridad con comunicaciones restringidas a un grupo pequeño de personas, entre ellas Zapatero.
Las investigaciones se enfocan en la relación de Martínez con el rescate de la aerolínea Plus Ultra indicando que este empresario actuaba como “broker aereo” y que presuntamente hizo llegar comisiones a través de la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. Además Zapatero desarrollaba asesorías globales por las cuales habría cobrado unos 450.000 euros de su amigo y asesor de la aerolínea.
Zapatero y Martínez han mantenido reuniones en secreto poco antes de ser detenido en diciembre del 2025, en la reunión llevaban documentos que analizaron durante el encuentro. El empresario solía acompañar al expresidente en sus viajes a Venezuela para cerrar acuerdos comerciales que más tarde derivaban en pagos de Plus Ultra a sus sociedades.
El presidente actual de la aerolínea hispano-venezolana, Plus Ultra, está acusado por el presunto uso indebido del rescate que sufrió por parte del Estado español, de 53 millones de euros. Este dinero se habría usado para operaciones de blanqueo de caudales públicos cometidos en Venezuela. El Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción mantiene una investigación abierta para determinar si el dinero del rescate público terminó financiando las redes de comisiones.