El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, confió la resolución de la Ley de Seguridad Ciudadana al Tribunal Constitucional, donde se encuentra recurrida, dependencia que se encargará de solucionarla si percibe en su contenido “algún exceso”, manifestó a la postre de su ponencia sobre el terrorismo en la ceremonia inaugural de la X Jornada Anual de Criminología, que se celebran los días 27 y 28 de abril en la Universidad Europea de Madrid.
Acompañado por Luis Calandre, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Navarro Miranda explicó a los estudiantes que “la Audiencia Nacional tiene la obligación de solicitar un abogado de oficio para las víctimas del terrorismo”, en quienes centró su intervención.
Detalló que el Artículo 48 de la Ley del 22 de diciembre del 2011, que contempla el apoyo a los agraviados, tuvo que modificarse, porque se refería en exclusiva a las víctimas con “insuficiencia de medios”. Sin embargo, a partir del año 2013, la ley indica que “tenga o no” la víctima “insuficiencia de medios, se le debe asignar un abogado para la resolución de casos contenciosos o penales”.
“El derecho penal solamente persigue el delito y castiga al culpable”, lamentó. “La victima está neutralizada, aunque esta primicia se ha ido diluyendo porque la victima necesita protección”, matizó.
José Ramón Navarro Miranda dijo que uno de los compromisos de la Audiencia Nacional es el de proteger a la víctima del terrorismo. “Se debe impedir que vea al victimario, para evitar atentar contra la dignidad de la víctima”, ejemplificó. La Audiencia Nacional tiene “el deber de informar a las víctimas del terrorismo de su situación durante el procedimiento”, argumentó.
El funcionario reveló que, “por obligación”, la Audiencia Nacional debe asesorara a las víctimas del terrorismo en cómo ejercer sus derechos, poniendo a su disposición sociólogos, criminólogos y psicólogos durante el proceso. “La Oficina contra el terrorismo de la Audiencia Nacional salvaguarda la integridad de la víctima. Permite que la víctima intervenga en el procedimiento de ejecución penitenciaria si entiende que las decisiones tomadas sobre el condenado no son las pertinentes”, expuso.
Navarro Miranda compartió datos derivados sobre las víctimas del terrorismo en nuestro país, 1163 son víctimas mortales, generando 675 causas hasta el momento. “Se intenta casar a las víctimas con sus procedimientos, porque muchas los desconocen. El 85% de los casos están cerrados”, declaró. “Se están digitalizando todas las causas” para que las víctimas del terrorismo puedan acceder a su procedimiento, a través de internet, con una clave de acceso.
El presidente de la Audiencia Nacional consideró que “el Estado de Derecho ha acabado con el terrorismo de ETA”. Aseguró que “se siguen condenando a etarras”, al tiempo de reafirmar que “el terrorismo de ETA ha finalizado”. Contexto que sirvió de introducción para que hiciera referencia del autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). “El Ministerio del Interior sugiere cambiarles de nombre. Llamarles ‘Daes’ (que significa ‘el que aplasta algo bajo sus pies’), no Estado Islámico”, mas reconoció que ISIS “representa el cambio cualitativo del terrorismo entre el que se practicaba antes y el de ahora”.
Finalmente, ejemplificó los deberes del Juzgado Central de Menores y los del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ilustrándolos con actos vandálicos (kale borroca) y con el caso del secuestro del barco Alakrana.
Por @Daniel_Chanona
