Tras la toma de posesión del nuevo gabinete de ministros después de la moción de censura presentada por el grupo socialista, liderada por Pedro Sánchez, los principales expertos económicos del país han comenzado a preguntarse cuál será la deriva económica que emprenderá el nuevo gobierno para mantener el ritmo de crecimiento que ha dejado el expresidente Mariano Rajoy. El líder del PP se ha marchado de la Moncloa con una última buena noticia: el empleo creció en mayo en más de 230.000 nuevos puestos de trabajo, marcando una nueva cifra récord en una tendencia que parece consolidar la buena salud de la economía española. Las medidas estrella del nuevo gobierno abarcan un gran abanico de reformas, entre las que destacan las dos líneas rojas que el grupo socialista no ha dudado en prometer cumplir desde que se encontraban en la oposición: revertir las reformas del sistema de pensiones y la reforma laboral llevadas a cabo por el anterior gobierno.
En primer lugar, el principal desafío al que se presenta el nuevo ejecutivo se encuentra en estos momentos en una situación de extrema gravedad, incluso apareciendo en el primer lugar en la lista de problemas que más preocupan a los españoles: la estabilidad del sistema de pensiones. El déficit actual de casi 20.000 millones de euros obliga al gobierno a buscar una solución que permita aumentar los ingresos del sistema para compensar el aumento constante del gasto, cuya previsión es seguir aumentando a medida que la población española envejece. Además, cabe destacar que una de las promesas electorales que han posibilitado que el partido se encuentre actualmente en el gobierno es la revalorización de las pensiones mediante su indexación al IPC. ¿Y cómo pretende el gobierno financiar este aumento relevante del gasto de pensiones? La solución se encuentra en su propio programa electoral, en el que afirman que mediante un impuesto del 8% de la base imputable del Impuesto de Sociedades de la actividad bancaria será posible estabilizar el sistema incluso aumentando el gasto. En este sentido, los principales expertos están de acuerdo en que esta puede ser una de las primeras medidas que tomará Nadia Calviño, la flamante ministra de Economía.
Por otro lado, la segunda gran promesa del gobierno actual pasaba por revocar la reforma laboral llevada a cabo en 2012 por el PP, de la que se han mostrado abiertamente críticos durante su etapa en la oposición. Las líneas rojas en este caso pasaban por disminuir la alta temporalidad del empleo actual (que representa gran parte de los nuevos empleos creados) y volver a posicionar al convenio colectivo por encima del convenio de las empresas. De esta forma, el ejecutivo pretende evitar que las empresas se escuden en estos convenios para ralentizar la subida de salarios que afectan directamente a la precariedad del mercado laboral. Si todo sale según sus planes, este aumento salarial engrosará las arcas del estado con los suficientes fondos como para lanzar una campaña que aumente la protección por subsidio de paro a los mayores de 52 años y a los parados de larga duración, los dos segmentos más afectados por la crisis y más frágiles tras la última reforma.
Finalmente, la vivienda volverá a ser una de las políticas centrales del nuevo gobierno, que planea la construcción de un parque público de más de 52.000 viviendas destinadas al alquiler social, con el objetivo de hacer frente a la subida de precios de alquiler en las grandes ciudades y de esta forma permitir el acceso a la vivienda a quienes más están sufriendo el impacto de los que algunos no dudan en denominar la nueva burbuja inmobiliaria.
Aunque las grandes medidas que tomará el nuevo ejecutivo pivotarán alrededor de estos 3 elementos (pensiones, trabajo y vivienda), la elegida para liderar la cartera de Economía deberá enfrentarse a una serie de retos que pondrán a prueba su capacidad de liderazgo y su nivel de interlocución con Europa, que en estos momentos es elevado. Entre las medidas más importantes que deberá afrontar se encuentran el calendario de privatización de Bankia, la pelea por recibir fondos de los Presupuesto de la UE (que ella misma ha ayudado a construir), el refuerzo de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal a escala europea y la implantación de medidas demandadas por la UE a nivel regulatorio, como MiFid II o la creación de un nuevo organismo de supervisión independiente de la CNMC.
El programa de gobierno del nuevo ejecutivo es ambicioso y tiene una clara visión europeista, aunque sólo disponen de 2 años para dar un vuelco a lo que consideran una gestión nefasta del antiguo gobierno conservador. Será necesario esperar para comenzar a ver los resultados y saber si las medidas impuestas no buscan sólo el rédito electoral, sino que tienen como objetivo afianzar el sólido crecimiento que ha impulsado a España en los últimos meses y que la ha colocado en una posición de liderazgo respecto al resto de naciones europeas.
Marta Alcobendas
