El impuesto desconocido sigue sin tener una decisión clara del tribunal supremo ante la macrodemanda histórica de más de 15.000 afectados que siguen viendo la negativa de los bancos ante la devolución de las claúsulas suelo ni a los afectados ni a la administración de la hacienda autonómica.
La demanda que ha sido dirigida desde el primer momento, hace ya 10 años, por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y seguros) que agrupó a los denunciantes para conseguir que mediante esta demanda se produjese una devolución justa por parte de los bancos.
Desde el 2009 el Euribor ha protagonizado una constante bajada que se ha llegado a situar por debajo del 1% al final de año, en este momento fue en el que un gran número de hipotecados descubrieron que ante la imposibilidad de aprovechar esa bajada poseían una claúsula suelo, es decir, los bancos estaban cobrando a estos un porcentaje muy elevado de intereses que eran totalmente desconocidos por estos.
La primera sentencia pública que emitió el tribunal supremo fue el 9 de mayo de 2013 declarando la nulidad de estas por “poco trasparentes y abusivas” por parte de varias entidades bancarias, lo que supuso provisiones de 3.000 y 4.000 millones de euros y sin ingresos en los balances bancarios.
En este momento las entidades bancarias comenzaron a ofrecer acuerdos a los afectados para evitar un próximo juicio, esta decisión fue aceptada por el tribunal supremo, pero siempre que los afectados sean informados correctamente.
A día de hoy sigue sin tener una sentencia firme, pues la última emitida seguía sin ser clara, declarando esta vez la nulidad en 40 entidades y cajas, que sigue teniendo carácter recurrible ya que se trata de un tribunal de primera instancia.
Si finalmente la sentencia se convirtiera en firme estas entidades estarían obligadas a devolver a los hipotecados más de 5.200 millones de euros.
Adicae ha recomendado a sus clientes que no abonen más dinero y que reclamen a sus bancos la eliminación de la misma.
Uno de los bancos más afectados por esta decisión podría ser Bankia, que, tras su desprivatización a finales de enero, momento en el que paso a ser propiedad del estado, y su actuación con las hipotecas ha supuesto que sus acciones se devaluaran y que a no ser por su reciente fusión con BMN con la que ha ganado 744 millones y que supone un aumento del 0,6% respecto al mismo periodo en el 2017, el futuro del banco seguiría siendo desconocido, a pesar de ello, el consejero delegado, José Sevilla, ha decidido demorar la privatización del banco.
Carlota Moro
