Sandra Urbaneja -Elena Luque -Claudia Fuentes -Javier Arias- Marcos Craquis
Marlaska asegura que La guardia civil cumple “realmente una función de riesgo”, tras el asesinato de dos miembros del cuerpo a manos de dos narcotraficantes
Durante la noche del 8 de febrero de 2024, dos policías han sido asesinados en el puerto de Barbate, en Cádiz. La primera víctima, Miguel Ángel González, pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), parte del equipo de submarinistas de la Guardia Civil. La segunda víctima, David Pérez, era también agente del GEAS y trabajador del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita. Los agentes estaban realizando tareas de vigilancia de seis lanchas neumáticas que se encontraban en el puerto. La controversia comienza al tener en cuenta que los policías no estaban especializados en labores de narcotráfico, pero que dada la falta de personal se vieron obligados a acorralar a los sospechosos. Los narcos empezaron a marear a los cuatro agentes presentes hasta embestirlos. Dos resultaron gravemente heridos y dos asesinados. Numerosos vecinos de la zona fueron testigos, grabándoles y riéndose de los hechos. Parte del suceso se da debido a la debilidad de la embarcación policial frente a la considerablemente más acondicionada que tenían los narcos.
Actualmente la policía está investigando quién dio la orden a los cuatro Guardias civiles de realizar una labor que no les pertenecía. Los agentes estaban sirviendo como parte del Servicio Marítimo y, dichamente, con una embarcación inadecuada para la labor. En estos momentos se está tratando de encontrar al responsable por parte de los altos cargos de la guardia civil para depurar responsabilidades en caso de posibles negligencias o fallos en las órdenes. La sucesión de eventos descrita en la investigación comienza con la llamada de un trabajador del ayuntamiento de Barbate. En esta llamada se alertaba sobre la presencia de narcolanchas en el puerto en medio de un temporal.
En cuanto a los narcotraficantes se han encontrado ocho detenidos. Seis de ellos navegaban en la embarcación que embistió al zodiac perteneciente a los guardias civiles. Los otros dos se encontraban en tierra, esperando a sus compañeros para recogerles en Sotogrande. Entre los narcotraficantes detenidos se encuentran conocidos delincuentes de Barbate, habiendo cometido anteriormente delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y resistencia contra la autoridades. Por ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate decretó la entrada a prisión provisional, comunicada y sin fianza de los seis narcotraficantes que navegaron en la narcolancha que mató a los dos agentes de la Guardia Civil. Los individuos que los esperaban en Sotogrande quedaron en libertad provisional y deberán comparecer el día 1 de cada mes en sede judicial.
Además, el pasado 14 de febrero se celebró en Cádiz una segunda sesión del juicio contra los narcos asesinos de los agentes, específicamente en la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz. Según fuentes del propio cuerpo presente en la sesión, durante la declaración de uno de los Guardias Civiles, tres acusados interrumpieron la sesión. Dirigiéndose hacia otros agentes, uno de los narcos les amenazó, diciendo que «les iba a pasar lo mismo que a sus compañeros de Barbate». El acusado ha sido entonces declarado culpable y condenado además por amenazas a la autoridad.
DEBATE PARLAMENTARIO
Llegando el caso hasta el propio seno del Parlamento Europeo, el suceso del 8 de febrero crea un debate que toma importancia nacional. Abascal, el presidente de VOX, habla acerca de la muerte de ambos guardias civiles. Ha pedido mano dura contra los narcos para que este tipo de problema no se intensifique y se extienda al resto de España. Desde la red social X, más conocida como Twitter, Abascal habla en voz de su partido y expresa la necesidad de darle «al narco plomo, o plomo… si queremos evitar que dominen el país como ocurre con las narco dictaduras de Iberoamérica. Nuestro abrazo y reconocimiento a la Guardia Civil y nuestro pésame a sus familias». En la localidad de Barbate, donde sucedieron los hechos, se han establecido tres días de luto oficial por parte del ayuntamiento. Por su parte, el Rey Felipe y la familia real se han unido a las muestras de apoyo a las familias afectadas, expresando sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a los cuerpos policiales también desde la red social X. Según la publicación de la Casa Real, su «vida de servicio ejemplar a España siempre honrará su memoria». De todas formas, el gobierno de España no considera a las fuerzas de seguridad de la policía y la guardia civil como profesiones de riesgo. Esto ha llevado a los partidos a establecer un debate parlamentario tras lo ocurrido en Cádiz.
Durante la mañana de los hechos, Fernando Grande Marlaska, el ministro del interior, introdujo la actualización del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Éste consiste en una inversión de 36,9 millones de euros que mejorará los medios materiales y humanos del cuerpo policial contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en Andalucía. Tras lo ocurrido esa misma noche, Marlaska acudió a visitar a los fallecidos y el siguiente 13 de febrero asistió al consejo de ministros. Por primera vez manifestó su apoyo en considerar a la guardia civil y al resto de cuerpos de seguridad como una profesión de riesgo. En su contra se encuentran los grupos de PSOE, SUMAR, ERC y BNG. Ha sido gracias a los votos a favor de Vox y PP, junto con otros partidos menores, que la Confederación Española de Policía ha podido presentar una petición al Parlamento Europeo que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en Estrasburgo. Dicha iniciativa establece, además de la inclusión de la Guardia Civil y la Policía como profesiones de riesgo, el aumento de la condena a los agresores de agentes a nivel nacional y europeo. Como integrante del PSOE, Marlaska se enfrenta a las ideologías de su propio partido y a las críticas de los partidos opuestos. Al anunciar la creación de un grupo de trabajo de la demanda de las fuerzas y los cuerpos de seguridad para ser reconocidos como una profesión de riesgo, Marlaska presenta su futura petición ante el Parlamento.
Derivado de los asesinatos han surgido numerosas protestas de sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles. Durante el pasado 16 de febrero, ambos cuerpos de seguridad se reunieron frente a las sedes gubernamentales. La protesta honró la memoria de los policías fallecidos y exigió el reconocimiento de la profesión como profesión de alto riesgo, además de la designación al campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. En las manifestaciones, establecidas propiamente contra el gobierno de Pedro Sánchez, se encontraban representantes tanto del PP como de VOX. Específicamente el portavoz de VOX, Ortega Smith, ha exigido la dimisión del ministro del interior. Por otro lado, Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también se encuentra en contra de la posición de Marlaska. Fue durante el Pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 15 de febrero que la presidenta exigió su dimisión. De esta manera, los partidos invalidan el trabajo del ministro dada su incompetencia y pasividad ante los peligros de la profesión y del narcotráfico, culpándole directamente de la propia muerte de los agentes como representación del abandono al sector policial en España.