Aleksandra Novovic Menendez y Mayka Chuquiure
“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”, dijo Nelson Mandela.
En 2018, meses después de la crisis de derechos humanos, el gobierno nicaragüense consintió a las Oficinas de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acceso al país según informa Amnistía Internacional. Conforme la información reflejada en Amnesty International, en 2019, el gobierno cerró la entrada a los organismos internacionales de derechos humanos y durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno rechazó el informe presentado, pero también rechazó 124 de las 259 recomendaciones indicadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, estando las recomendaciones relacionadas con la crisis.
“En 2018 fueron asesinatos, desde 2019 matan nuestros derechos”, frase de FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos) y CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos). Con esta frase quieren llamar la atención a la situación que están viviendo. En 2018 hubo 113 ejecuciones extrajudiciales de las 328 cometidas. En estas ejecuciones extrajudiciales, Daniel Ortega, presidente de la República y máxima autoridad, y otros políticos con gran autoridad son principales causantes, ordenando ejecuciones a causa de la negación de asistencia médica a las personas heridas. Estos mismos aparatos e instituciones son los que continúan la represión.
Desde 2019, los ciudadanos nicaragüenses sufren secuestros “exprés” como modo de represión, teniendo como media 10 casos diarios de secuestros o arrestos ilegales, ejecuciones policiales y civiles armados.
Muy pocas personas consiguen ser liberadas, pero sufren acosos, persecuciones y amenazas.
Otro problema son los derechos humanos que se incumplen hacia las personas indígenas y campesinos, siendo ellos perseguidos, asesinados y encarcelados injustamente.
A finales de 2020, se impone la Ley de Mordaza, ley que no solo amenazará la libertad de expresión, prensa y medios de comunicación, sino también la seguridad de nicaragüenses dentro y fuera del país puesto que uno de los objetivos de esta ley es perseguir los ciudadanos que residan en el extranjero y decía que habían cometido un “ciberdelito” solicitando su extradición a territorio nicaragüense. (“LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA: LA LEY QUE BUSCA ACABAR CON LAS LIBERTAD de EXPRESIÓN” 2020)
A principios de 2021, el gobierno aprobó una serie de leyes en las que muchas libertades han sido prohibidas, como las restricciones de uso de los espacios sociales y las críticas hacia el gobierno, lo que dificulta mucho el trabajo de las ONGs y la oposición en las próximas elecciones, que tendrán lugar en noviembre de 2021.
A finales de febrero de 2021, la ONU volvió a pedir al Gobierno de Nicaragua acceso al país para poder enviar una misión que verificará el cumplimiento de los Derechos Humanos, para poder tener una imagen más adecuada y real de la situación dentro del país. La ONU ha asegurado que siempre ha estado abierta al diálogo bilateral con Nicaragua y que han enviado más de 30 comunicaciones solicitando información a pesar de que sólo 17 han sido contestadas, pero desde junio de 2020, no han contestado a ninguna de las comunicaciones y no ha permitido acceso a ningunos datos, lo que hará muy difícil la cooperación, pero esperan que se pueda llegar a un acuerdo que permitiría libertades y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos (Europa Press 2021).
Nicaragua está en una época de crisis de la cual no podrá salir si los crímenes en contra de la humanidad, dignidad y derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega Murillo queden impunes. La represión que sufre el pueblo debe cesar y los presos políticos deben ser liberados.
Fuentes: Miranda Aburto, M.(2019) A un año de la misión internacional de DDHH en Nicaragua, el mayor dolor de cabeza de Ortega. Recuperado de https://www.aa.com.tr/es