«De no ser así, a juicio de este organismo público, carecerá de la credibilidad suficiente y caerá en un discurso de todo para los jóvenes, pero sin los jóvenes», ha señalado el CJE en una nota de prensa a raíz de la convalidación de la Ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil el pasado martes en el Congreso.
Una ley que constituye «un avance positivo, pero no suficiente», según el Consejo, que valora las mejoras en el acceso e inscripción, así como la conversión de las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Pero, a la vez, duda de la efectividad de este cambio porque «vacía» el Fondo de Reserva de las Pensiones, con lo que se sigue «empobreciendo» a las personas mayores.
En este sentido, el vicepresidente y responsable del área Socioeconómica del CJE, Víctor Reloba, ha recalcado que «no es un problema de nuestros mayores, es un problema de todo el país presente y futuro».
Asimismo, el organismo ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre que uno de cada tres inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil encuentra un trabajo.
«O la ministra tiene información que no proporciona ni a Europa ni a la ciudadanía o esos datos no se corresponden con la realidad», ha subrayado el CJE, que explica que, según sus datos, el 37,7 % de las personas que se apuntaron a la Garantía Juvenil tienen a los seis meses un empleo, están en prácticas o están formándose.
Por último, el CJE apuesta por derogar las dos últimas reformas laborales, subir el salario mínimo a 1.000 euros en dos años, «reforzar con más personal la labor sobrehumana» que realizan los servicios públicos de empleo y, sobre todo, aprobar de forma urgente la renta mínima que proponen CCOO y UGT que proteja a los jóvenes, el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social.