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El ‘Impuesto de solidaridad’ se adelanta a 2022

Alberto Velasco Rosado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelanta la fecha de la entrada en vigor de la nueva medida del gobierno «impuesto de solidaridad» que tiene el objetivo de contrarrestar la supresión del impuesto al patrimonio en las comunidades autónomas que actualmente está en manos del Partido Popular (PP).

Es la situación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que se aprobó el pasado 7 de octubre en el Consejo de Ministros (Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022) y que se presentó tan sólo seis días después ante el Congreso de los Diputados, lo que supone que la tramitación parlamentaria se prolongará para que el próximo 1 de enero de 2023 entre en vigor.

El Gobierno sujeta que este nuevo tributo presupuestario del Estado recaudaría en 2024 en base al patrimonio contribuyente obtenido en 2023. Debido, a que Bruselas recibió el plan del Ejecutivo por una cantidad de 1.500 millones de euros, el cálculo del patrimonio se adelanta a 2022.

Esta nueva ley fiscal que impone y adelanta Hacienda gravará a los patrimonios de una cantidad de tres millones de euros en distintos tramos: 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros, 2,1% para patrimonios de entre 5 y 10 millones y un 3,5% para patrimonios que superen la cantidad de los 10 millones de euros.

«Aumentaremos la solidaridad en grandes fortunas, de forma temporal durante 2023 y 2024 para hacer frente a las medidas extraordinarias de la guerra y también en líneas con lo que propugnan todos los organismos internacionales, y mientras que pedimos la solidaridad a grandes rentas, rebajamos el IRPF de las rentas más bajas a través del rendimiento del trabajo hasta alcanzar los 21.086 euros, una medida señoría que abarca al 50 % de los trabajadores que van ahorrar 1.881 millones de euros», afirma la ministra Montero en el Congreso de los Diputados, defendiendo los Presupuestos Generales del Estado 2023.

«Los Presupuestos Generale del Estado vuelven a colocar a los jóvenes entre sus prioridades, asigna más de 12.700 millones de euros para que disfruten de una mejor educación, para que puedan acceder a una vivienda…», defendiendo la ley presupuestaría y haciendo referencia a los jóvenes como prioridad de esta.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura este miércoles en la primera jornada del debate de la totalidad del proyecto de PGE 2023, que negociará con quien sea necesario los presupuestos de 2023 y pide a los grupos políticos que «levanten la cabeza» y piensen en la gente que tiene dificultades económicas.

En la defensa en el Congreso del proyecto presupuestario de 2023, con un total de siete enmiendas de totalidad, Montero carga contra los grupos deslegitiman al Gobierno, una actitud que, asegura, «daña» la democracia y la política».

La ministra defiende que contar con unos presupuestos «supone sin duda una señal de fortaleza, seguridad, fiabilidad y solvencia» en un contexto de «extrema volatilidad» en que los organismos internacionales prevén una «desaceleración económica generalizada» con riesgo de recesión en algunos países.

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