El pasado 18 de octubre el Tribunal Supremo señaló que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos (AJD) documentados en las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo. La decisión contó con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.
Las asociaciones de consumidores, al conocer la noticia, la celebraron y animaron a los clientes que pudieran estar afectados a reclamar. Pero poco después el Supremo paralizó los efectos de la sentencia y aplazó el pasado 22 de octubre la decisión final sobre la misma el Pleno del día 5 de noviembre.
La treintena de magistrados que se reunieron el día 5 de noviembre en el Tribunal Supremo no alcanzaron una decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, si los usuarios (como venía siendo habitual hasta ahora) o los bancos. Las causas principales del retraso de la decisión son la división y la falta de acuerdo entre los magistrados parece ser el motivo del aplazamiento. El Tribunal Supremo prolongó al menos un día más la incertidumbre y los 31 magistrados reunidos desde primera hora en el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo retomaron el 6 de noviembre a las 10.00 horas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “nunca más los españoles pagarán el impuesto de la hipotecas”. En respuesta a sus palabras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que “No basta. Hay que devolver el dinero a las familias”. El nuevo real decreto afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, seguirá un cauce independiente respecto de la nueva ley hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras casi dos años de retraso.
No fue hasta el jueves 8 de noviembre que el gobierno aprobó la decisión de que la banca fuese quien pagase el impuesto de actos jurídicos documentados. Después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aclarase el miércoles que los clientes no volverán a pagar los impuestos en España, el Ejecutivo y la ministra Montero añadieron algunos detalles al discurso de Sánchez, declarando la reforma de la ley hipotecaria. El mismo Gobierno asegura que llevará de inmediato el trámite de este proceso que durará 20 días en vez de dos meses como se tenía planeado desde un principio.
No obstante, la ministra de economía, Nadia Calviño, también quiso expresar su postura ante esta situación. Ha mostrado su desacuerdo con la decisión final del gobierno, señalando que «son las comunidades autónomas las que proveen a los ciudadanos servicios esenciales como la educación, la sanidad, las políticas sociales. Privarlas de recursos pone en peligro su capacidad para atender las necesidades y los derechos de los ciudadanos». Calviño ha descartado así considerar este cambio en la calificación inicial de gesto hacia los independentistas de cara a la aprobación de las cuentas públicas de 2019, y ha insistido en que no le parece bien «mezclar cuestiones presupuestarias con otras que no tienen nada que ver». Además, ha señalado que el Gobierno «ha sido muy claro a la hora de marcar la separación de ambas cuestiones y de respetar la independencia judicial».
A día de hoy, solo queda esperar si este importante asunto se lleva a cabo en el inicio de la semana. Varias personas a lo largo de este proceso han mostrado su malestar en las calles contra el Supremo y los bancos, a los que acusan de connivencia de retenimiento de los intereses generales de los ciudadanos. Una vez que el real decreto llegue al Congreso para ser Convalidado, se decidirá si las modificaciones se ejecutarán.
Delia Saiz y Jungyun Lee
