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El juez Andreu libera a ocho «narcos» egipcios

Con la entrada en vigor de la nueva ley de justicia universal, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ordenado “la inmediata puesta en libertad” de los ocho «narcos» egipcios que habían sido detenidos en aguas internacionales por los agentes de Vigilancia Aduanera.

Estos, que se encontraban en un barco pesquero cargado con aproximadamente diez toneladas de hachís, valoradas en 56,4 millones de euros, han sido puestos en libertad debido a la adopción,  el pasado 15 de marzo de la ley de justicia universal, por la cual, la justicia española ya no cumple los requisitos necesarios para perseguir y juzgar este tipo de delitos, debido a que los detenidos no tienen nacionalidad española, ni se encuentran dentro del territorio español.

El magistrado ha tomado esta decisión a pesar de que el criterio de la Fiscalía Antidroga era el de continuar con su detención, los cuales exponían que la intervención de la justicia española quedaba cubierta bajo los tratados internacionales a los que esta sujeta la nueva ley.  En consecuencia, la Fiscalía Antidroga ha anunciado que se propone recurir la resolución del Juzgado Central de Instrucción número 4.

Hasta este mes de febrero, la justicia española era capaz de juzgar estos hechos, no había duda sobre la competencia de los tribunales. En la actualidad el criterio de los magistrados se ve en entredicho teniendo que poner en libertad a los ocho narcotraficantes que hace unos meses habrían permanecido en prisión, como explicaba el juez Andreu.

Las declaraciones del juez no dejan lugar a dudas sobre su descontento con esta nueva medida, sobre la que explica que a partir de ahora solo podrán perseguir hechos que ocurran en España o que sean cometidos por españoles, lo que concluye explicando que  “a día de hoy no existe cobertura legal para mantener nuestra jurisdicción y por tanto, no existiendo la misma procede así declararlo”.

Andreu ha dado una solución para futuros casos como este,  sostiene que podría realizarse una modificación para «extender su jurisdicción» a este tipo de casos «en el que además ni siquiera estamos ante un buque con bandera extranjera» para que de esta forma la seguridad de los españoles no se vea dañada.

 

 

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