El Portal de la Transparencia, que ha costado 300.000 euros, entra en vigor un año después de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El Portal planeaba ser la plataforma estrella para que ciudadanos y medios de comunicación pudieran acceder a más de medio millón de datos de la Administración, pero sin embargo mucha de la información que contiene el portal ya se podía conseguir en otras plataformas similares, por lo que funciona más bien como una plataforma aglutinadora, aunque también desvela información nueva.
El Portal de la Transparencia en principio es bastante intuitivo. Al acceder a él podemos elegir acceder a información relativa a las instituciones, relativa a la normativa –como textos jurídicos relevantes-, a información económica o bien utilizar el buscador que se nos ofrece en la página.
En la sección Institucional podemos acceder a los organigramas que detallan cómo está compuesto cada ministerio, algo que era sencillo de encontrar en la página web relativa a cada ministerio, como también la normativa específica que afecta a cada departamento u organismo. Esta normativa antes podía ser visitada en el BOE, por lo que tampoco es nada nuevo. De igual manera, el apartado “Funciones”, que explica las “funciones que ejercen los Departamentos u organismos en el ámbito administrativo de su competencia” también se podía encontrar fácilmente en las páginas web correspondientes a los Departamentos. Otra de las opciones de la sección Institucional es acceder a los currículums de altos cargos y a los planes de objetivo anual o plurianual de los distintos ministerios. Por ejemplo, pinchando sobre el Ministerio de Justicia, es posible visualizar el Plan de Acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2015, entre otros más.
En el apartado de Normativa se puede ver la “Normativa en elaboración”, la “Normativa en vigor” y “Otras disposiciones”, donde se tiene acceso a las distintas órdenes ministeriales o, en general, a “otra información vigente que suponga interpretación del derecho o que produzca efectos jurídicos frente a terceros”, según se especifica en la web.
El apartado de Economía es el que más apartados contiene. En primer lugar, en la sección de “Contratación”, que a su vez se divide en “Contratos” y “Contratos basados en Acuerdos Marco centralizados” se puede tener acceso a los contratos cerrados por cada ministerio. No obstante, en este caso que sería interesarse poderse descargarse la información en archivos, esto no es posible, por lo que hay que ir comparando uno a uno los distintos contratos de los distintos ministerios. Además, los contratos que aparecen en esta sección enlazan a la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que de nuevo la información que aparece podía consultarse antes en esa otra plataforma.
Los apartados más destacables de esta sección tal vez sean el de “Subvenciones”, que dirige a la Base de Datos Nacional de las Subvenciones o el de “Subvenciones a partidos políticos”, que desveló varias cosas interesantes: por un lado, que el PP y el PSOE acumulan más de 40 millones de euros en subvenciones, si bien el Partido Popular recibió 25,2 millones de euros y el PSOE recibió 14 millones, aunque el Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC, asociado al PSOE, recibió más de dos millones de euros. Y también desveló que los partidos asociados al independentismo han recibido más de 3 millones de euros por parte de la Administración central del Estado en concepto de subvenciones. De esta lista, Convergencia Democrática de Catalunya la encabeza habiendo recibido hasta el momento 1.754.732,21 euros.
Izquierda Unida, por su parte, ha recibido 2.413.877,15 euros y partidos que no cuentan con representación parlamentaria pero que sí se presentaron a las elecciones europeas de mayo también han recibido ayudas “por gastos electorales”. Para mostrar un ejemplo, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía recibió 375.541,02 euros y Podemos 112.439,37 euros.
Asimismo, el apartado de “Bienes inmuebles” ha revelado que Valencia es la comunidad con el mayor número de propiedades que son de la Administración -8.810-, siendo los Ministerios de Fomento, Interior y Defensa los que cuentan con más propiedades y el Ministerio de Sanidad el que cuenta con menos inmuebles.
Por último, dentro del apartado “Altos cargos” podemos saber las retribuciones, indemnizaciones y autorizaciones de actividad privada de los altos cargos. De estos datos se desprende que Mariano Rajoy gana 78.185 euros brutos al año, por detrás de Jorge Moragas, su jefe de Gabinete, que cobra al año 113.186 euros. La mayoría de los ministros cobran 68.981 euros, aunque Ana Pastor –Ministra de Fomento- y Cristóbal Montoro –Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas- ganan 77.503 y 76.319 euros respectivamente. Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno cobra al año 75.744 euros brutos. Otra información viral que ha puesto sobre la mesa esta plataforma son los sueldos de hasta 10.000 euros al mes que algunos ex altos cargos cobran tras dejar su puesto, debido a que por el régimen de incompatibilidad vigente, no pueden trabajar en su sector en la empresa privada. Por ejemplo, Julio Segura Sánchez, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha percibido en dos años un total de 236.789,88 €.
En el apartado de “Resoluciones de compatibilidad” se puede observar las iniciales de un nombre, junto con la actividad pública principal que esa persona ejerce a la par que la actividad pública compatible que lleva a cabo.
A pesar del intento de transparencia el Portal ha recibido duras críticas. Por un lado, como ya se ha citado en este artículo, se incluye poca información nueva y el Portal es más un centralizador de información que ya se podía encontrar en la Red. Además, la información en algunos casos no profundiza, como en el caso de los organigramas de los ministerios, que aunque nombran los distintos cargos que integran el ministerio, no da el nombre de esos cargos. De igual manera, hay grandes quejas sobre el formato elegido para presentar los datos, por no ser en archivos reutilizables y presentarse de una forma que es difícil trabajar para sacar datos analíticos. Otra gran queja es la sección de solicitar información en el apartado “Derechos de acceso a la información pública”, pues es una auténtica odisea burocrática el poder pedir información, aunque el Gobierno, una vez formulada la pregunta, tiene 30 días para responder por correo postal o electrónico, a no ser que la información solicitada pueda suponer un peligro para la seguridad nacional o pública, los interesas económicos y comerciales y/u otros límites que marca la ley de transparencia, ya que en tal caso el Gobierno puede denegar la petición. Por último, se critica que la única manera para pedir información al Gobierno sea a través de la vía web, con las trabas que supone pedir la información, y no se incluya un correo electrónico o un número de teléfono para aquellos que no tienen acceso a las vías telemáticas.
En resumen, si bien el Gobierno ha pretendido dar un paso adelante en la transparencia con la aprobación hace un año de la ley de transparencia –que hizo que España dejara de ser el único país de Europa sin una ley que regulara el acceso a la información pública- y con el arranque de esta plataforma, todavía deben de solventarse distintos errores de la página web además de añadir más datos e información a fin de la plataforma no sea solo un centralizador de información sino que añada muchas más información, como por ejemplo el patrimonio de los 257 altos cargos que el PSOE denunció ayer que el PP oculta, a pesar de que está obligado por la ley de transparencia a hacer públicas las declaraciones de bienes de esos cargos.
Ramón Alarcón Sánchez.
