El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el impuesto a las transacciones financieras e impuestos digitales, este último conocido como tasa Google. Estas medidas ya fueron presentadas el año pasado, pero tras la negativa de los Presupuestos Generales del Estado y el inminente adelanto electoral, no se pudieron llevar a cabo.
La vicepresidenta de asuntos económicos, Nadia Calviño este lunes 17 en Bruselas ha avanzado el retraso de esta tasa Google bajo la amenaza de nuevos aranceles al país por parte de Estados Unidos. Por lo que este pago en vez de abonarse trimestralmente, únicamente se abonara a final de año, según informó la agencia Efe
“No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año” dijo este lunes la vicepresidenta.
Calviño ha asegurado que el ejemplo a seguir es Francia, el cual también ha retrasado dichos cobros para evitar la confrontación con la Administración dirigida por Donald Trump y así poder dar tiempo al desarrollo de un impuesto digital global pactado en el seno de la OCDE, el cual se espera que este listo a finales de año.
Pero ¿qué es la tasa Google y a quiénes afectan?
Es un impuesto indirecto que pretende que la fiscalidad sea “más justa”, dónde las empresas que cuentan con un mínimo de 750 millones de euros de ingresos al año y 3 millones de ingresos en España, se les grabe un 3% de los ingresos generados por servicios de publicidad online, intermediación digital y venta de datos extraídos a partir de la información del usuario.
Entre las empresas más afectadas serían Telefónica, Uber, Airbnb y Facebook, y se eximiría Cabify, Zara, Wallapop y El Corte Inglés
¿Qué va a aportar esta nueva tasa?
Según Hacienda podría ingresar hasta 968 millones al año, y supondría un 0,45% del total de toda la recaudación de impuestos, casi un 20% por ciento menos de lo que se había estimado el año pasado por parte del Ejecutivo.
La Asociación Española de la Economía Digital ya se ha pronunciado, admitiendo que la aplicación de este impuesto tendrá grandes consecuencias para la economía española.
Raquel Martín García
