La última comunidad española en sumarse a la guerra contra los apartamentos turísticos ha sido la valenciana. En el día de ayer, las Cortes Valencianas acordaron las nuevas enmiendas que se aplicarán a la nueva Ley de Turismo que entrará en vigor antes de este verano. En la capital, Valencia, los pisos turísticos quedaran reducidos a solamente bajos y primeras plantas.
Esta decisión de la Comunidad Valenciana no es nueva ya que este es un enfrentamiento que se está librando en el conjunto del estado español, debido al crecimiento cada vez más avanzado de las plataformas turísticas de Internet y que están provocando el ascenso de los precios en compras y alquiler en una gran parte de la geografía española. Ante esta situación, las instituciones públicas han empezado a moverse y actuar de manera contundente. En la Comunidad Valenciana, son los ayuntamientos los encargados de regular a su gusto y con un amplio margen de maniobra. Con esta nueva ley, de inscripción en el registro autonómico, los propietarios tendrán que solicitar “un informe municipal de compatibilidad urbanística”, tal y como acordaron en el día de ayer PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
Este número de registro deberá aparecer en todas las ofertas que sean publicadas en las páginas de internet. En caso de no hacerlo, se expondrán a una multa económica de hasta 600.000 euros. Un buen ejemplo son las empresas Airbnb, Homeaway y Rentalia, sancionadas por la Agencia Valenciana de Turismo con 30.000 euros. «Para ordenar el turismo son necesarios consensos y alianzas, pero también acabar con la sensación de impunidad. Las multas que teníamos hasta ahora no eran disuasorias ante las grandes compañías de alquiler online«, estas fueron las palabras del director de la agencia y ex alcalde del municipio turístico de Benicàssim, Francesc Colomer.
Una vez establecida la ley, será obligatorio el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana vigente para obtener el certificado de la ciudad de Valencia. El PGOU prohíbe que las viviendas destinadas al alquiler turístico tengan por debajo otras de uso residencial. En cambio, los edificios dedicados exclusivamente a apartamentos turísticos tienen su propia regulación y funcionan como el resto de construcciones dedicadas a la hostelería, además del casco histórico, en el que ya existe una ley que prohíbe nuevas aperturas. En las zonas donde han comenzado a surgir problemas sociales, la Comunidad Valencia intervendrá con planes especiales.
Palma de Mallorca y Barcelona son pioneras
Palma de Mallorca será la primera ciudad española en prohibir todas las viviendas turísticas de alquiler en pisos, limitándola solamente a viviendas unifamiliares. La capital balear es pionera en lo que a prohibición de pisos con fines para el turismo respecta. En Palma, solo 645 de las 20.000 plazas ofertadas cuentan con licencia. Barcelona es la ciudad con mayor oferta de pisos turísticos de España y donde los ciudadanos están sufriendo en mayor medida el aumento en el precio del alquiler. En toda Cataluña, la Generalitat lleva recaudados más de cuatro millones de euros en multas a las empresas desde el año 2012.
Redacción: Javier Yanes y Miguel Val
