La fortaleza del estado de derecho protege hoy más que ayer a Francia, a Europa y al mundo libre. Los atentados de París del pasado 13 de noviembre han dado lugar a una serie de decisiones políticas y jurídicas tanto en el marco interno, referente al estado de excepción previsto en la Constitución Francesa, como en el internacional.
El ejecutivo francés ha declarado el estado de emergencia. Según la Ley de Estado de Emergencia francesa de 1955, tal declaración permite la aplicación de medidas extraordinarias en aquellos casos de “peligro inminente resultante de ataques graves de orden público, o en el caso de eventos que representan, por su naturaleza y gravedad, el carácter de calamidad pública”. Bajo este estado, la ley faculta a las autoridades para adoptar medidas que extreman la seguridad nacional, como la restricción de la circulación de personas sospechosas, la ejecución de registros las 24 horas del día o la asignación de residencias forzadas a los sospechosos.
La duración del estado de emergencia se limita a doce días y su prolongación deberá ser aprobada por el parlamento. El Presidente Hollande ha manifestado su intención de extender el periodo de aplicación hasta tres meses. La modificación legal buscaría ampliar las capacidades policiales para la vigilancia de sospechosos, endurecer las penas y ampliar las competencias del Ejecutivo.
Francia ha invocado además el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea en materia de defensa colectiva por el que los estados miembros de la Unión deben ayudarse en caso “agresión armada”. Según el artículo, “si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás… le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.” Los 28 Ministros de Defensa han aceptado aprobar esta cláusula de defensa colectiva para apoyar a Francia y decidir de manera soberana la implicación de cada miembro.
Francia podría activar el artículo 5 de la Alianza Atlántica, aunque hasta el momento no lo ha hecho. En caso de producirse, su aplicación dependería de una decisión por acuerdo de los miembros de la OTAN.
José María Peredo Pombo
Catedrático de Comunicación y Política Internacional
UEM
