El pasado lunes, la Unión Europea llegó a un pacto mediante el cual se expulsaría a todo aquel que llegue irregularmente a Grecia, incluyendo así a todos aquellos que huyan de conflictos o sufran cualquier tipo de persecución, como podemos denominar a los Sirios. Las devoluciones se harían en base al convenio bilateral entre Turquía y Grecia, que hasta ahora no se ha aplicado.
Dicho pacto ha quedado en duda sobre su legalidad expresado por la ONU, pero también por los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo.
A estas declaraciones podemos unir las del Ministro español de Asuntos Exteriores en las que ha declarado “España se opone a estas expulsiones colectivas, no se pueden hacer, no es legal y no se harán”, por lo que podemos concluir es que la postura de España es contraria al pacto y no lo apoyará.
Los próximos días 17 y 18 de marzo se reunirán en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para tratar de aprobar dicho pacto, aunque según fuentes comunitarias existen dudas evidentes sobre la legalidad y por tanto, tendrán que buscar nuevas formulas para poder aplicar el Derecho Internacional. Y es que, si lo aplicamos hay que respetar el derecho de asilo, el cual obliga a los miembros a admitir a cualquier persona que huyen de un conflicto o de una persecución política y todo aquel que llegue a territorio europeo deberá tener un tratamiento individual con la presencia de dicho derecho de asilo.
Por ello, se consideraría ilegal la expulsión colectiva y por tanto, es ilegal retornar a Turquía los barcos cargados de migrantes.
Aunque es cierto que según fuentes informan que se niega que los veintiocho países miembros están dando marcha atrás en el pacto con Turquía, a pesar de que no fuera un acuerdo cerrado.
María García Ortega
