El pasado 29 de Septiembre, el Gobierno celebró una reunión de urgencia con el Consejo de Ministros, con el fin de aprobar y presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) los recursos contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Los dos argumentos clave que el Consejo resaltaba para interponer el recurso eran dos. El primero, que Cataluña para poder realizar la consulta a sus ciudadanos necesita de una decisión soberana del pueblo español y el segundo, que la Generalitat no hace uso de la legalidad establecida ya que pretende sustituir la autorización del Estado por la del Parlament y la del president Artur Mas para realizar una consulta que no es otra cosa que un referéndum.
La suspensión, tanto de la ley de consultas como de la convocatoria, se produjo de forma automática debido a que es el Gobierno quien directamente ha presentado los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa. Así lo expresaba el comunicado emitido por el TC tras el pleno extraordinario que se convocó para debatir los recursos. «Como quiera que el Presidente del Gobierno ha invocado en sus recursos el artículo 161.2 de la Constitución ─explica la nota─, conforme al cual cuando el Gobierno impugna ante este Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, la impugnación produce la suspensión de la disposición recurrida, el Tribunal ha acordado la suspensión tanto de los preceptos recurridos de la Ley como del Decreto impugnado”.
Una vez conocida la noticia de la suspensión, se produjeron numerosas reacciones por parte de la sociedad y los partidos políticos proconsulta, quienes llevaron a cabo movilizaciones y actos de protesta frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona. ERC, la Asamblea Nacional Catalana y l’Associació de Municipis per la Independència, entre otros, estuvieron presentes en las movilizaciones programadas ese mismo día ante los ayuntamientos catalanes.
El presidente de la Generalitat se ha reunido este lunes con los partidos favorables a la consulta, con el fin de debatir cuáles van a ser las opciones alternativas a la votación, que no puede celebrarse por falta de garantías legales. Finalmente, la propuesta se basa en organizar una participación ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de la comunidad. Durante la mañana del 14 de Octubre, en la galería gótica del Palau de la Generalitat, Artur Mas ha presidido una comparecencia en la que ha afirmado que “el Govern de Catalunya sigue adelante y mantiene su apuesta de consulta: la logística estará preparada por 20.000 voluntarios. Habrá urnas y habrá papeletas el 9N. Además, toda la población mayor de 16 años podrá votar”. Además, defiende que «la consulta del día 9 no se puede considerar definitiva. Sólo puede ser así si hay elecciones como referéndum”. Pero la consulta definitiva serán unas elecciones plebiscitarias catalanas en la que los partidos acudan con una lista y programa conjuntos. «Es la única forma que nos queda de hacer una consulta definitiva», ha añadido. Un plebiscito es una consulta realizada por los poderes públicos para que la ciudadanía se exprese mediante el voto popular directo respecto a una determinada propuesta. El ordenamiento español no recoge este tipo de elecciones, por lo que no tendrán ningún efecto jurídico.
Después de la reunión mencionada anteriormente, el presidente ha reconocido que siguen «adelante pero no tan juntos como hace unos días», en referencia a la ruptura del consenso con los partidos proconsulta que se ha producido tras los últimos encuentros. A lo largo de su discurso, Mas se ha referido al Estado como «el adversario real y poderoso, porque niega la posibilidad de votar y ser consultado como pueblo». Según el President, el Govern ha tenido que buscarse otra vía jurídica para poder sacar las urnas a la calle de una manera legal: «La consulta no se hará igual que el decreto que yo firmé puesto que el Constitucional ha suspendido esta consulta como consecuencia del recurso del Gobierno español. A efectos prácticos este decreto, que está suspendido pero no anulado, no existe. Nos acogeremos a marcos jurídicos preexistente que nos dan competencias en materia de participación ciudadana y a partir de ahí, convocaremos al público con ese formato». Por su parte, ERC, quien ha sido hasta estos momentos el socio del Gobierno de Mas, ha dado por roto el pacto de las fuerzas soberanistas sobre el proceso hacia la independencia de Cataluña. “El Gobierno catalán nos planteó un escenario nuevo no pactado, rompió la unidad«, «Cuesta confiar en quien no cumple los acuerdos» ha asegurado el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una comparecencia esta tarde en el Parlamento catalán. Además, ha insistido en que “la única solución a los problemas de la sociedad catalana pasa por la independencia”. Aún así, el portavoz de los republicanos ha afirmado que «intentará ayudar igualmente al Gobierno catalán» en la nueva vía planteada por Mas.
Por su parte, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, apunta a una “reconciliación” y considera que proceso soberanista ha acabado. “Artur Mas no puede hacer ninguna consulta, ha suspendido la consulta, ha suspendido la operativa, pero quiere seguir engañando a los catalanes. Lo que está buscando es una salida para no quedar en evidencia. Él sabe que no se puede hacer ningún referéndum. Los catalanes saben que el proceso se ha acabado”, ha destacado Sánchez-Camacho.
Cristina Villanueva Marín / @cris_vmarin
