La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, comunicó el pasado 14 de noviembre que se tomarían medidas para favorecer el desarrollo ecológico. Para ello la ministra ha anunciado que en el año 2040 en España se prohibirá la matriculación de los coches diésel, gasolina e híbridos. Y en 2050 se prohibirá la circulación de todos estos vehículos por vías nacionales.

Tras la controversia provocada por la medida. Las principales compañías automovilísticas se han quejado debido a la maniobra comercial en la que se ven inmersos. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha llamado a la calma con un mensaje de «tranquilidad y certidumbre» a la automoción, asegurando que la transición propuesta para el sector en la Ley de Cambio Climático será «ordenada, consensuada y justa», al tiempo que estará acompañada de «financiación».

El martes pasado se daba a conocer el borrador de la Ley de Cambio Climático, la cual obliga a todas las gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros de carburante al año a instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos de 22 kW en un plazo máximo de 27 meses desde su aprobación. La medida afecta directamente a unas 1.200 estaciones de servicio en todo el territorio español.

Pedro Sánchez, ha asegurado el pasado miércoles durante el pleno del Congreso de los Diputados que el horizonte de más de 20 años que ha propuesto el Gobierno para prohibir la matriculación de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono, genera «certidumbre» a los inversores del sector del automóvil. Indicando que este período de tiempo permite tanto al Gobierno como al sector de la automoción en España poder trabajar hacia una transición ecológica «ordenada». Teresa Ribera por su parte, advirtió de que el 65% de los vehículos exportados por España se venden en países que ya han introducido limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre los vehículos con motores de combustión entre 2025 y 2035.

Se llevarán limitaciones de circulación en centros urbanos de más de 50.000 habitantes o la instalación obligatoria de puntos de carga en gasolineras convencionales. A lo que la ministra Teresa Rivera, ha asegurado que pondrán en marcha una convocatoria de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, incluidos autobuses, motos, bicicletas y patinetes eléctricos.

El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha explicado que los objetivos de reducción de emisiones de CO2 requerirían que España contara para 2030 con una infraestructura de 300.000 puntos de recarga de coches eléctricos. Por tanto, para esta fecha se debería pasar de 10.000 vehículos eléctricos circulando en 2017 a 280.000 en 2030 y de los 7.000 híbridos a los dos millones.

Para el fomento de creación de infraestructuras de recarga por toda España, Endesa estacionará 4.300 postes de recarga públicos y en centros comerciales de gran afluencia, de modo que sea posible recorrer el país de punta a punta en coche sin que nadie se quede sin batería. Por otro lado, la empresa eléctrica recuerda que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética habilita la instalación de puntos de recarga en garajes comunitarios y en bloque con garaje comunitario, gracias a la modificación del Artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Recargar un vehículo eléctrico con los cargadores que el Gobierno quiere instalar en las gasolineras cuesta el triple que repostar un vehículo de gasóleo para recorrer la misma distancia: viajar 100 kilómetros con un diésel exige desembolsar ocho euros, mientras que con un eléctrico cargado en una electrolinera el gasto se dispara a 24 euros para que el negocio sea viable. Esto supone que para que la recarga sea tan barata como el repostaje de diésel, la electrolinera debe tener tarifas eléctricas especiales y cobrar una subvención del 67% del valor de la inversión inicial.

En cuanto a rentabilidad temporal, se estima que mientras en los hogares y estaciones de carga privadas el tiempo de carga rondaría las 8 horas con un coste 20 veces inferior -unos 0,012 euros por kilómetro-, en una electrolinera pública, la carga duraría entre una y dos horas.

Finalmente, el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno ha remitido a las formaciones políticas impone multas de hasta 30 millones de euros a las gasolineras que para 2030 no dispongan de puntos de recarga para vehículos eléctricos semirrápidos, de 22 kW, alimentados con energía cien por cien renovable.

Álvaro Álvarez y Asier Navarro